Por Fernando Castellanos |
Un giro radical sacude los cimientos del sector justicia en Guatemala. Este miércoles 20 de mayo se confirmó la destitución de Rafael Curruchiche como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).
La drástica medida es apenas el primer paso de una reforma profunda, porque las nuevas autoridades del MP anunciaron el cierre definitivo de dicha unidad.
Una gestión dedicada a sanar la institución
La remoción y el desmantelamiento de la Fiscalía fueron ordenados por el nuevo fiscal general y jefe del MP, Gabriel García Luna, quien asumió el mando de la institución hace apenas cuatro días.
Desde su llegada, García Luna delineó una hoja de ruta con el firme objetivo de reestructurar el ente investigador desde la raíz. Los argumentos oficiales detrás de estas decisiones clave señalan:
➡️ Falta de credibilidad: El fiscal general justificó la liquidación total de la FECI argumentando un desgaste irreversible y la pérdida absoluta de confianza por parte de la ciudadanía guatemalteca en sus actuaciones.
➡️ Recuperación institucional: La destitución de Curruchiche responde a un enfoque de «sanar» el Ministerio Público y devolverle la legitimidad técnica a los procesos judiciales de alto impacto.
El fin de una era en la persecución penal
La FECI, que en su momento fue creada para trabajar en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que posteriormente pasó por severos cuestionamientos internacionales y locales bajo el mando de Curruchiche, dejará de operar de forma definitiva.
Las carpetas judiciales y los casos que se encontraban bajo el resguardo de esta fiscalía especial deberán ser analizados y redistribuidos.
Según fuentes internas, el proceso de liquidación se llevará a cabo bajo estrictos controles para garantizar el resguardo de la evidencia existente, mientras el nuevo jefe del MP consolida su equipo de trabajo para los próximos años.
