Con información de Fernando Castellanos.
En una resolución que sacude el proceso de elección del jefe del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al abogado Raúl Falla, dejando sin efecto la lista de seis candidatos que ya estaba en manos del presidente Bernardo Arévalo.
El fallo, aprobado con los votos concurrentes de los magistrados Dina Ochoa, Julia Rivera y Roberto Molina Barreto, obliga a los comisionados a retroceder en el proceso y reevaluar los expedientes bajo un nuevo y polémico criterio.
El punto central de la resolución radica en que la CC ha decidido dejar de equiparar la carrera judicial con el ejercicio profesional de la abogacía. Según el nuevo criterio del tribunal:
Trayectorias diferenciadas: La CC argumenta que ser juez no sustituye ni complementa automáticamente la acreditación de experiencia en el ejercicio libre de la abogacía.
Giro respecto a 2014: Los magistrados se apartaron de una resolución emitida en 2014 (también integrada por Molina Barreto) que sí permitía computar los años de judicatura como experiencia profesional para el cargo de Fiscal General.
Votos disidentes: Las magistradas Anabella Morfín y Astrid Lemus votaron en contra de esta decisión, manifestando su disidencia ante el cambio de postura de la Corte.
Esta medida afecta directamente a candidatos como Gabriel García Luna, a quien se le habían contabilizado sus años como juzgador para alcanzar el punteo necesario para integrar la nómina, lo que ahora pone en duda su permanencia en el listado.
Los plazos fatales ordenados por la Corte
La resolución impone un cronograma de cumplimiento inmediato para evitar un vacío institucional:
Devolución de la nómina (4 horas): El presidente Bernardo Arévalo debe devolver el listado a la Comisión y abstenerse de elegir una vez sea notificado.
Nueva calificación (48 horas): Los comisionados deben calificar nuevamente los expedientes sin tomar en cuenta los años de carrera judicial.
Ñ
Nueva nómina (24 horas): Tras la recalificación, la postuladora debe integrar una nueva lista de seis candidatos y enviarla al Ejecutivo.
Informe a la CC (12 horas): Al finalizar todo el proceso, la Comisión debe notificar oficialmente a la Corte sobre el cumplimiento de lo ordenado.
Un escenario de incertidumbre
Esta decisión judicial no solo retrasa la elección, sino que abre la puerta a que candidatos que habían quedado fuera por punteo —pero que tienen una larga trayectoria en el ejercicio liberal de la abogacía— puedan escalar posiciones, mientras que aquellos que provienen del Organismo Judicial ven debilitadas sus posibilidades.
La presión ahora recae sobre la Comisión de Postulación, que deberá trabajar contra reloj para cumplir con los estrictos plazos fijados por el máximo tribunal constitucional.
