Con el respaldo de 115 diputados, se aprobó el Decreto 11-2026 que otorga un «Apoyo Social Temporal» por tres meses. La medida, que requiere una inversión de Q2 mil millones, busca reducir directamente el precio final que paga el consumidor en la gasolinera.
CIUDAD DE GUATEMALA — En una sesión de urgencia nacional, el Pleno del Congreso de la República aprobó esta noche un alivio financiero para los usuarios de vehículos y el sector transporte. El subsidio se aplicará durante los próximos 90 días y deberá verse reflejado de forma obligatoria en las estaciones de servicio de todo el país.
El apoyo económico se divide según el tipo de combustible de la siguiente manera:
Diésel: Descuento de Q8.00 por galón.
Gasolina Súper: Descuento de Q5.00 por galón.
Gasolina Regular: Descuento de Q5.00 por galón.

Para garantizar que el dinero llegue realmente al ciudadano y no se quede en las empresas, la ley establece directrices estrictas:
En la Terminal (Ex-Rack): Los importadores registrados ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) deben aplicar el descuento desde la salida del combustible en las terminales de almacenamiento.
En la Factura: Todas las facturas emitidas en la cadena de comercialización (desde el importador hasta la gasolinera) deben incluir una anotación detallando el monto del apoyo social aplicado.

Consumidor Final: Las gasolineras están obligadas a trasladar la reducción total del precio al tablero y a la factura del cliente.
Vigilancia y Control: El papel de la DIACO.
Para evitar especulaciones o cobros indebidos, el control del subsidio será riguroso:
DIACO: Realizará operativos de supervisión e inspecciones constantes en los expendios de combustibles.
SAT: Informará al MEM sobre los montos descontados por cada importador para cruzar datos y evitar fraudes.

Sanciones: El Ministerio de Economía podrá actuar contra aquellas estaciones que no reflejen el descuento aprobado por ley.
Importante: El beneficio aplica únicamente para importadores que ya estaban registrados antes de la vigencia de esta ley, asegurando que solo empresas establecidas participen en el proceso.
Este subsidio de Q2,000 millones es una respuesta directa del Gobierno Central para frenar el alza en los costos de los productos de la canasta básica, los cuales dependen directamente del costo del flete (transporte pesado que utiliza diésel).











