El Organismo Judicial de Guatemala, a través de la Cámara de Amparo y Antejuicio, rechazó in limine varias solicitudes de antejuicio presentadas contra figuras públicas, entre ellas Allan Rodríguez, Samuel Pérez, David Illescas, Consuelo Porras e Inés Castillo.
La resolución in limine implica que las solicitudes fueron rechazadas sin entrar a conocer el fondo del caso, al no cumplir con los requisitos legales establecidos.
Tras la decisión, se informó que la conferencia de prensa prevista fue suspendida, y en su lugar el Organismo Judicial emitió únicamente un comunicado oficial.
En Guatemala, el antejuicio es un mecanismo legal que busca proteger a ciertos funcionarios públicos para que no sean investigados o procesados penalmente sin que previamente una autoridad judicial determine si existen indicios suficientes para retirarles esa inmunidad.
Este tipo de solicitudes deben cumplir requisitos formales y legales para ser admitidas. Su rechazo mantiene vigente la inmunidad de los señalados, al menos en esta fase del proceso.
