En una madrugada marcada por la incertidumbre legal, los nuevos magistrados tomaron posesión de sus cargos. La jornada estuvo definida por el intento fallido de captura contra la magistrada Astrid Lemus, cuya situación jurídica dio un giro de último minuto en los tribunales.
CIUDAD DE GUATEMALA — Bajo un clima de alta presión institucional, la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) asumió sus funciones para el período constitucional correspondiente.
El evento, que habitualmente es protocolario, se convirtió este año en el epicentro de una batalla legal que alcanzó su punto máximo horas antes de la juramentación.
El caso Lemus: Un giro procesal determinante
La magistrada titular Astrid Jeannette Lemus Rodríguez inició su mandato bajo el asedio de una orden de captura que finalmente no se ejecutó. El proceso sufrió cambios drásticos en la víspera de la toma de posesión:
Inhibición del Juez: El juzgador que conocía el expediente decidió inhibirse, deteniendo la ejecución de las acciones inmediatas.
Traslado a Sala Tercera: El proceso fue remitido a la Sala Tercera de Apelaciones, movimiento que reconfiguró el escenario legal a pocos instantes de la juramentación.
Postura del MP: El Ministerio Público ha buscado elevar el caso a instancias superiores, en un contexto que ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos legales en momentos políticos clave.
Integración de la XI Magistratura (2026-2031)
Pese a la controversia, la CC emitió un comunicado oficial confirmando la toma de posesión de los profesionales que regirán el máximo tribunal del país:
Magistrados Titulares:
Gladys Annabella Morfín Mansilla (Presidenta de la CC).
Astrid Jeannette Lemus Rodríguez
Roberto Molina Barreto
Dina Josefina Ochoa Escribá
Julia Marisol Rivera Aguilar
Magistrados Suplentes:
María Magdalena Jocholá Tujal
Luis Fernando Bermejo Quiñónez
Luis Alfonso Rosales Marroquín
Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
José Luis Aguirre Pumay
La coincidencia entre las acciones de persecución penal y el inicio del período de la CC ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial en Guatemala.
Para diversos analistas, la velocidad de las decisiones en tribunales refleja la importancia estratégica de la Corte como el último baluarte en la defensa del orden constitucional.
La nueva magistratura asume ahora el reto de garantizar el equilibrio de poderes en un sistema político altamente fiscalizado.
