Delegados de los Derechos Humanos verificaron las condiciones de UNAERC y la Unidad de Hemodiálisis del HRO. Aunque el equipo técnico se reporta en buen estado, la alta demanda supera la capacidad de atención inmediata.
Con información de Fernando Castellanos.
QUETZALTENANGO — Con el objetivo de garantizar el derecho humano a la salud, la auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Quetzaltenango realizó una serie de inspecciones físicas en los centros que atienden a pacientes con insuficiencia renal crónica en la localidad.
Las supervisiones se centraron en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC) y en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Regional de Occidente (HRO), evaluando desde el trato al paciente hasta la disponibilidad de insumos críticos.
Uno de los puntos más críticos de la fiscalización se dio en el HRO, donde se constató una realidad preocupante para la población del suroccidente:
Saturación del servicio: Se estableció que existe una lista de espera de aproximadamente 145 pacientes que aguardan para ser ingresados al programa de hemodiálisis.
Equipo privado: El servicio se presta actualmente con maquinaria de una empresa externa. La PDH confirmó que estas máquinas se encuentran en buenas condiciones operativas, pero resultan insuficientes ante la creciente demanda.
Insumos y Medicamentos: Se verificó la existencia de fármacos esenciales, aunque el seguimiento se enfocará en que el abastecimiento sea constante para no interrumpir los tratamientos.
En la sede de UNAERC Quetzaltenango, los delegados verificaron la disponibilidad de máquinas y las condiciones de la infraestructura.
El enfoque de la PDH en esta unidad busca asegurar que el servicio sea digno y que las instalaciones cumplan con los estándares de higiene y funcionalidad necesarios para pacientes cuya vida depende de estos procedimientos.
Tras la recolección de datos, el personal de la PDH en Quetzaltenango anunció que mantendrá un seguimiento riguroso.
El objetivo primordial es gestionar soluciones ante las autoridades de salud para reducir la lista de espera, ya que el retraso en el ingreso a estos programas representa un riesgo directo para la vida de los pacientes renales crónicos.
