El Parlamento nicaragüense de mayoría oficialista ha cancelado esta semana un total de 25 oenegés, sumando casi 160 las anuladas desde el año 2018, cuando el presidente Daniel Ortega inició una persecución contra organizaciones de la sociedad civil.
Con un total de 74 votos a favor, los diputados anularon a dichas ONGS, entre las que se encuentra la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la cual era la última entidad de ese ámbito que quedaba en pie en Nicaragua.
Con esta nueva embestida las opciones de denunciar las arbitrariedades del gobierno de Ortega quedan anuladas, han alertado algunos expertos consultados por la Voz de América puesto que las que quedan se encuentran sin estar constituidas legalmente.
El oficialismo también canceló organizaciones que trabajan con la niñez y la adolescencia, como CODENI, así como otras que promueven la literatura como la Fundación Luisa Mercado, del exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez, exiliado en España.
El oficialismo argumentó que las oenegés supuestamente incumplieron con sus obligaciones conforme a las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro y con registrarse como agentes extranjeros siendo sujetos obligados por recibir fondos del exterior.
“Han obstaculizado el control y la vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación”, indicó el informe presentado por el diputado oficialista Filiberto Rodríguez.
“CPDH dejará de existir”
Los señalamientos del gobierno no tienen cabida, aseguran algunos dirigentes de las organizaciones anuladas este miércoles, tal y como lo expresó en conferencia de prensa el director de la CPDH, Marco Carmona, que expresó que los informes económicos fueron presentados ante el Ministerio de Gobernación sin que los hayan recibido.
A la CPDH, que cumpliría este miércoles 45 años desde su fundación, tampoco se le permitió registrarse como agente extranjero, indicó Carmona.
El abogado de la organización, Eugenio Membreño, afirmó que por la medida del gobierno la CPDH dejará de existir y explicó que no van a recurrir con ningún recurso ante las autoridades.
Por su parte Marco Carmona subrayó que tampoco continuarán realizando acciones con su nombre ni utilizándolo para seguir operando, como ha ocurrido con otras entidades de derechos humanos que han sido anuladas en Nicaragua.
“Si la Asamblea Nacional nos ha quitado la personería jurídica, no vamos a estar usando el nombre de la CPDH porque nos exponemos”, manifestó Carmona.
«Atención vendría únicamente del gobierno»
Algunas dirigentes de organizaciones cerradas explican a VOA que las “aniquilaciones” de las entidades busca desmantelar la capacidad organizativa de los nicaragüenses “que buscan defender su derechos”.
Mónica López Baltodano, directora ejecutiva de Popol Nah, anulada en 2018, advierte que con estos cierres, las afectaciones son múltiples.
“Ya van casi 30 asociaciones médicas, culturales, cooperativas del sector privado las que han sido canceladas. Ortega busca seguir fortaleciendo su mecanismo de control de la ciudadanía destruyendo décadas de esfuerzo a la sociedad civil nicaragüense trabajo que junto a las sociedades”, concluyó.
En ese sentido la académica y socióloga Zoilamérica Ortega Murillo también expresó a la Voz de América que las medidas de cancelaciones a las oenegés se suman a una serie de “expresiones de exterminio a la sociedad civil”.
“En Nicaragua ya no es una razón de afinidad política el criterio para destruir a las ONGS, sino convertir a Nicaragua en un desierto. Se está tejiendo un cerco en el cual cualquier tipo de atención social vendrá exclusivamente del gobierno”, concluyó Narváez.
Con información de Houston Castillo Vado / Voz de América
