El sistema bancario nicaragüense está haciendo todo lo posible para recuperar su rentabilidad, seriamente impactada por tres años de recesión económica, reduciendo cada vez más sus gastos, lo que ha llevado al cierre de 168 sucursales y ventanillas entre marzo de 2018 y enero de 2021, según revelan datos del Banco Central de Nicaragua.
El economista y exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, Roger Arteaga, explicó a la Voz de América que solo en enero de este año se registró el cierre de 26 centros de atención bancaria, lo que dejó a 303 personas desempleadas.
“En este caso la banca, pero el resto de las empresas del sector privado están haciendo lo mismo, ajustando su estructura de costos para poder mantener la rentabilidad o dejar de perder, eso depende de cómo esté cada empresa¨, dijo Arteaga.
Añadió que “en el caso de los bancos, es una crisis que viene de 2018. Si recuerda que se fugaron 1.900 millones de dólares en depósitos y eso golpeó a los bancos”.
En 2020 los bancos en Nicaragua registraron 60% menos de ganancias que antes de la crisis sociopolítica que comenzó en 2018, aunque el rendimiento de las utilidades bancarias ha mejorado durante 2021 y los bancos no han dejado de percibir ganancias.
El crédito, por otro lado, no logra recuperarse por completo y durante el segundo mes del año se contrajo el equivalente a 10 millones de dólares, con respecto a lo acumulado en enero, cuando repuntó en 14 millones de dólares.
El panorama no cambia y tampoco parece dar respiro a la empresa privada después de que en marzo de 2019 la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma tributaria cuyo objetivo declarado era recaudar 300 millones de dólares, pese a que desde diversos sectores se advirtió que esto generaría desempleo y menor recaudación.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, dijo en varias ocasiones que esa reforma produjo la descapitalización acelerada de las empresas, pérdida de competitividad de la agroindustria, estancó la producción nacional, deterioró el nivel de vida de la población y fue fuente de más inseguridad jurídica.
«Aquí se han perdido más de 200.000 empleos formales, aquí se han perdido más de 200.000, 300.000 empleos informales, aquí han cerrado más de 3.000 y pico de empresas y la posición de nosotros es la misma», señaló el líder de la cúpula empresarial.
El turismo fue la actividad más afectada en 2020, cuando se reportó una caída del 33%. La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Lucy Valenti, dijo que el desempleo en el sector en ese año fue dramático.
La situación fue tan mala, que los llevó a lanzar un SOS al Gobierno, pidiendo implementar medidas de tipo laboral, fiscal, financieras, y de políticas públicas, que los oxigenara y ayudara a salvar la industria. Aún no han recibido respuesta.
Un análisis de la Comisión Tributaria de la organización empresarial reveló además que el conjunto de medidas tributarias aprobadas ha afectado en forma transversal la capacidad de la población para tener acceso a bienes básicos de consumo, al gravar en forma directa e indirecta todo el proceso productivo hasta llegar al consumidor final, a quien se le ha reducido su capacidad de compra de bienes de primera necesidad.
En tanto, el gobierno dice esperar un crecimiento económico de hasta el 3% para este año, y según los expertos, estas proyecciones no se contradicen con la realidad ya que la recuperación económica está en manos del estado y no de la empresa privada, debido a las recaudaciones, préstamos y donaciones que ha acumulado producto de la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta y Iota, con los que pretenden dinamizar la economía nacional.
Con información de Daliana Ocaña / Voz de América
