El destino del presidente peruano Martín Vizcarra se podría definir este viernes cuando encare un juicio político por supuesto tráfico de influencias y contrataciones irregulares en el gobierno, horas después de que el Tribunal Constitucional rechazó un recurso para frenar el proceso que busca destituirlo.
La crisis política que podría poner fin al mandato de Vizcarra, de 57 años, llega quizás en el peor momento para Perú, uno de los países más impactados por el nuevo coronavirus. Cifras del Ministerio de Salud indican que hasta el jueves el COVID-19 había costado la vida de 31.146 personas en Perú y 750.098 se han contagiado.
Vizcarra o su abogado deberán presentarse el viernes ante el Congreso, dominado por la oposición, y el que asista tendrá una hora para atestiguar. El proceso continúa con el debate de los legisladores y la decisión del futuro político del mandatario al que le resta menos de un año para terminar su mandato.
¿Cuáles son los hechos recientes?
El Congreso peruano aprobó la pasada semana iniciar el trámite de vacancia contra el presidente tras la filtración y difusión de audios, en los que presuntamente Vizcarra coordina con colaboradores cercanos la visita a la Casa de Gobierno de Richard Cisneros («Richard Swing»).
Se trata de un cantante poco conocido, cuyo nombre comenzó a circular en los medios desde mayo, con informaciones acerca de que el Ministerio de Cultura lo habría contratado como conferencista y animador para dictar charlas motivacionales virtuales. La Fiscalía y el Parlamento abrieron investigaciones sobre los presuntos contratos irregulares por los que Cisneros cobró unos 50.000 dólares entre 2018-2020.
Medios locales sostienen que el gobierno había contratado al cantante en retribución por haber apoyado la campaña presidencial de 2016, ganada por Kuczynski con Vizcarra como compañero de fórmula. La casa del cantante fue allanada por la Fiscalía y la policía la pasada semana en busca de documentación.
Como resultado del caso, el 29 de mayo renunció Sonia Guillén, quien se encargaba del Ministerio de Cultura.
La solicitud de vacancia argumenta la «incapacidad moral» de Vizcarra para gobernar tras la difusión de los audios.
El proceso escaló otro paso el jueves cuando la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, informó que la corte votó 5-2 para rechazar el pedido de suspensión del debate en el Congreso, dando luz verde al juicio político.
El Tribunal Constitucional, sin embargo, paralelamente había admitido una demanda para definir si el Congreso se había sobrepasado en sus atribuciones al solicitar la vacancia de Vizcarra. Esa demanda fue aprobada por seis votos a favor y uno en contra.
Pero al informar sobre el fallo del jueves, Ledesma expuso que el Tribunal Constitucional rechazó la petición de frenar el debate del viernes con el argumento de que había poca probabilidad de que se apruebe la vacancia, en un momento en que se agudiza la confrontación entre los poderes ejecutivo y legislativo.
El proceso podría durar más de dos meses.
Los audios
El detonante del caso fue el legislador opositor Edgar Alarcón, quien divulgó el 10 de septiembre unos audios grabados en el palacio presidencial en junio, en los que aparentemente se escucha a Vizcarra instigar a dos colaboradoras a mentir ante los investigadores en el caso de los contratos con Cisneros.
«El destino y los valores de la democracia me obligan a dar la cara una vez más para defender al pueblo, aunque con ello, los enemigos de todos los peruanos intenten enlodar mi imagen. Por las revelaciones expuestas solicito garantías para mi familia, Karen Roca y Richard Cisneros», escribio Alarcón en su cuenta de Twitter.
¿Cuál es la posición de Vizcarra?
No es claro si Vizcarra se presente al Congreso el viernes para presentar sus alegaciones. La ministra de Justicia, Ana Neyra, ha afirmado que la asistencia del mantatario está «todavía por definirse».
Vizcarra no ha aludido al tema del juicio y en sus apariciones públicas ha lucido más preocupado por la crisis sanitaria que por su destino político. Sostiene que el país no puede detenerse.
«No nos distraigamos en cosas secundarias, banales. Perú tiene tantos problemas para estar distrayéndonos en discusiones estériles», afirmó Vizcarra recientemente sin entrar en detalles.
Sin embargo, sí ha rechazado las denuncias y acusó de conspiración al Congreso, elegido en enero para completar el periodo legislativo hasta julio de 2021.
Vizcarra, que asumió la presidencia de Perú en marzo de 2018, disolvió el anterior Congreso el pasado año, para poner fin a la confrontación con la oposición debido a sus reformas anticorrupción.
¿Qué esperar?
El trámite de vacancia impulsado por el Congreso fue aprobado por 67 votos, pero se requiere al menos 87 votos para una destitución.
La propuesta de sacar del juego a Vizcarra incluso ha perdido fuerza en los últimos días, después que actores de la política local y hasta eventuales candidatos presidenciales han frenado en seco la iniciativa.
Entre los detractores del proceso está la Alianza para el Progreso, el partido de centroderecha que constituye la segunda mayor fuerza política con 22 votos en el Congreso. La vocera de Alianza para el Progreso, Carmen Omonte, dijo que no se suman a los que apoyan la vacancia y hasta aconsejó a Vizcarra que se presente el viernes.
«La vacancia no prosperaría (…) No se tienen los votos, por tanto el presidente no debería tener temor y simplemente acudir con serenidad al Congreso», dijo recientemente Omonte a medios locales. «Lo estamos haciendo por la gobernabilidad porque entiendo que el país necesita una calma política».
Pero también están los indecisos.
Ricargo Burga, vocero de la agrupación centroderechista Acción Popular, -que cuenta con 25 votos en el Congreso-, afirmó que su partido quiere escuchar lo que tiene para decir Vizcarra: «Allí tomaremos la decisión».
A la vez sostuvo que esperan a Vizcarra, no a su abogado.
«Es importante que se aclaren estos audios, por la salud de la democracia y de él mismo, el presidente de la República creo que tendría que venir», dijo Burga. «Sería lamentable que el presidente mande a su abogado o no asista al Congreso después del fallo del Tribunal Constitucional».
Omonte también dijo que «lo saludable es que Vizcarra acuda al Congreso» porque «el país necesita respuestas».
¿Qué dicen los peruanos?
Este no es el primer tsunami político que encaran los peruanos. Tampoco el primero para Vizcarra, que en menos de cinco años ha estado en el centro de tres intentos por destituirlo.
Incluso su llegada a la presidencia en 2018 vino a apagar el fuego dejado tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, al que el Congreso denunció por corrupción.
En medio del escenario de dolor y muerte que remece a Perú por la pandemia, los peruanos parecen más interesados en la estabilidad que en dilucidar hasta qué punto es real o no las denuncias contra Vizcarra.
Una encuesta de la firma local Ipsos difundida esta semana reportó, por ejemplo, que un 79% de peruanos prefiere que Vizcarra cumpla su mandato que culmina oficialmente en julio de 2021.
Con información de Rosa Tania Valdés / La Voz de América / Foto Presidencia de Perú
