Exiliados en Costa Rica protestan contra “leyes mordazas” en Nicaragua

Oct 2, 2020 | Actualidad, Internacionales, Noticias | 0 Comentarios

Con banderas, pancartas, música y mascarillas, para combatir contagios de COVID-19, medio centenar de nicaragüenses exiliados en Costa Rica se manifestaron en las afueras de la embajada de ese país para expresar su rechazo a un conjunto de normativas que catalogan como «leyes mordazas», pues limitarían el accionar de medios independientes o críticos con el gobierno del presidente Daniel Ortega, así como las opiniones contrarias al ejecutivo nicaragüense.

«Rechazamos, denunciamos y condenamos todas las amenazas, incluso de extraditar a nicaragüenses para ser juzgados en Nicaragua por supuestamente emitir noticias falsas, que es la figura que el régimen de Daniel Ortega esta ocupando (usando) para impulsar estas leyes», sentenció con respecto a esta iniciativa de denominada Ley denominada: «Ley Especial de Ciberdelito», la directora del medio 100% Noticias, Lucía Pineda, en conversación con la Voz de América en las afueras de la embajada nicaragüense.

El artículo 30 de esta normativa sancionaría con dos a cuatro de años de cárcel a quien esté «usando las tecnologías de la información, indique o difunda información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, terror o zozobra a la población».

En ese sentido Pineda, quien estuvo encarcelada por poco más de seis meses en su país por la posición crítica de su medio al gobierno de Ortega, considera que esta ley afectaría a los medios nicaragüenses que están dentro y fuera de su país pues, «ellos (el ejecutivo) van tener el control de decidir, incluso de bloquear nuestras páginas web, si ellos lo estiman (conveniente)».

Combo de leyes

Pero esta no es la única preocupación de los nicaragüenses exiliados en Costa Rica en lo que concerniente a leyes que en estos momentos discuten los diputados en la Asamblea Nacional de esa nación centroamericana. La “Ley de regulación de agentes extranjeros” también consterna a representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) como el abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más, Gonzalo Carrión.

«Esta ley está destinada a oprimir toda expresión de ciudadanía organizada o no, incluyendo declarar a los nicaragüenses como agentes extranjeros, y lo otro es inhibir toda expresión de oposición que opte a cargos públicos de elección o por nombramiento, es inhibirlos anticipadamente de cara a las elecciones que serán en noviembre de 2021», explicó Carrión a VOA Noticias, en referencia a la normativa que busca controlar los fondos que reciben del exterior personas individuales, empresas, ONG y periodistas de medios locales e internacionales.

El abogado considera estas dos iniciativas junto con la penalización de los crímenes de odio forman parte de un combo de leyes que «está dirigido a paralizar peor que la pandemia de COVID-19, por la censura y autocensura, meter miedo», pero que en un contexto «29 meses represión no han podido (pareja presidencial) con la resistencia legítima de la población».

Para la exdiputada nicaragüense y defensora de los derechos de las mujeres, Edipcia Dubón, estas leyes van en contra de los ciudadanos y sus libertades. «En Nicaragua estamos frente una gran cárcel, todos los nicaragüenses son sujetos a la represión y orden del Estado según sea la conveniencia del régimen de Ortega», indicó Dubón.

La exlegisladora que forma parte del Comité Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia considera que en el caso de la «Ley Especial de Ciberdelito», está hecha a la medida para perseguir a la oposición o hacer justicia.

«Porque para hacer justicia el régimen debería empezar por darle justicia a las madres de abril (del 2018) que siguen esperando ante la impunidad del Estado una sentencia que demuestre cómo y porqué fueron asesinados más de 315 nicaragüenses».

Desde hace poco más dos años Nicaragua está sumida en una crisis socio-política tras una serie de protestas que dejaron según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) más de 300 fallecidos, cientos de detenidos y más de 88.000 exiliados en naciones como la vecina Costa Rica, Estados Unidos y algunas naciones europeas.

Con información de Armando Gómez / La Voz de América

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