La ola de asaltos y robos que se ha desatado en los últimos meses en Nicaragua provoca preocupación en el sector empresarial, que se ha visto obligado a contratar protección privada, señalando que es una muestra de la ineficiencia de la Policía Nacional.
Los empresarios sostienen que la creciente inseguridad social en el país, en parte, es provocada por el denominado «perdón presidencial» que fue otorgado entre enero del 2018 y febrero de este año a casi 10.000 presos condenados o procesados principalmente por los delitos de tráfico de drogas y robo agravado, según un registro del sistema penitenciario nacional.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerrí, afirmó que es alarmante la forma continua y frecuente en la que se producen estos robos que ocurren a cualquier hora del día y en las rutas comerciales de las empresas privadas.
«Los delincuentes andan haciendo literalmente su agosto en nuestro país. Reiteramos nuestro llamado a que las autoridades se concentren en donde se debe concentrar una autoridad, que es en detener el delito, en evitar esta ola de robos que se siguen dando alrededor del país», dijo el empresario.
Los robos, según Aguerrí, se dan en las principales rutas comerciales que utilizan las empresas privadas para distribuir sus productos al interior del país, provocando un ambiente de zozobra, al que asegura, la policía no da respuesta, por lo que algunos únicamente interponen la denuncia para tener un registro de los hechos.
El más reciente suceso de esta naturaleza es el asalto a un vehículo distribuidor de cigarrillos de una empresa que 10 días antes ya había sufrido un percance similar. Los reportes de los robos además llegan de varias zonas del país.
El 5 de marzo de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la policía de Nicaragua por “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”. Estas sanciones también le habrían restado capacidad operativa a la institución, señalan los analistas.
El presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, Leonardo Torres, reconoció la problemática, pero enfatizó que la búsqueda de seguridad privada únicamente incrementará los precios de los diferentes productos al consumidor final.
“Lo hemos constatado, acordate que nosotros tenemos las cámaras de comercios departamentales. Las empresas nos han planteado que están contratando personal de protección adicional, vigilantes con armas en los camiones, el problema que yo veo con todo esto es que nos encarece el producto, ninguna empresa aumenta sus costos, sin trasladarlo al consumidor, en este caso somos los empresarios que nos abastecemos», explicó.
El incremento de la actividad delictiva en Nicaragua es “indudable”, aseguró la socióloga e investigadora Elvira Cuadra, advirtiendo que hay esa percepción en los dos últimos anuarios de la Policía. Ambos documentos muestran cómo la tasa de robos con intimidación pasó de 48 por cada 100.000 habitantes en el año 2017, a 62 en 2018, y 71 en 2019.
Las estadísticas de la Policía indican además que la tasa de homicidios pasó de 7 por cada 100. 000 habitantes en 2017, a 11 en el 2018, y 8 en 2019. Este aumento de los delitos es “una tendencia que se mantiene ahora en 2020”, señala Cuadra.
Entre enero y junio de 2020, se registraron 131 asesinatos en el país con un promedio mensual de diecinueve, según el estudio La evolución de la violencia letal en Nicaragua, elaborado por Cuadra. Estas cifras representan un aumento del 338% respecto al primer semestre de 2019, cuando el país acumulaba 26 asesinatos, pero son similares a los datos del segundo semestre de 2019, cuando se comenzaron a registrar asesinatos en las zonas rurales del país.
Con información de Daliana Ocaña / La Voz de América
