El canal 12 de Nicaragua, uno de los medios independientes que documentó la represión del gobierno de Daniel Ortega de las protestas ciudadanas en su contra, en 2018, se convirtió la semana pasada en la más reciente víctima de la censura del poder ejecutivo sandinista, advierten organizaciones, gobiernos y expertos en derechos de libertad de prensa y de expresión de la región.
La planta televisiva, propiedad de la sociedad anónima Nicavisión, de capital privado, informó que Luden Quirós, juez Tercero de Ejecución del municipio de Managua, capital del país, se presentó en sus estudios para formalizar un embargo de los bienes de la empresa por 21 millones de córdobas, aproximadamente 606.000 dólares estadounidenses.
El canal, que data de 1993, calificó el reparo fiscal de “arbitrario”. El proceso lo ordenó la Dirección General de Ingresos, DGI, que regula la administración tributaria del país, con base en las declaraciones de impuestos sobre la renta de Nicavisión entre 2011 y 2013.
La medida oficial ordenó el embargo de la “totalidad de los bienes personales de Mariano Valle, administrador del canal, quien dijo a Noticias 12 que su empresa no debía “nada” al Estado y tildó el reparo fiscal de “injusto y arbitrario”.
El proceso derivó en la notificación de confiscación de antenas, instalaciones, vehículos, repetidora, transmisor y la vivienda del propietario, según el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, Cosep. Hasta este miércoles, sin embargo, la orden no se había ejecutado, pudo conocer la Voz de América.
Tony López, abogado del Canal 12, introdujo el miércoles ante los tribunales de Managua un escrito de oposición para impugnar el embargo de la DGI.
En declaraciones a la prensa, aseguró que el Canal 12 no debe dinero al Estado nicaragüense y calificó el reparo fiscal como “arbitrario e ilegal”.
Pidió a la juez del caso que reconsidere la medida, lo que en derecho se conoce como “reducción de embargo”. Así, según el representante legal, no se incurriría en un “ataque económico que destruya a una familia y a un empresario”.
López detalló que los bienes embargados suman un valor de al menos 50 millones de córdobas, cuando el reparo fiscal es de 21 millones.
“El canal está paralizado porque simplemente no tiene recursos, le embargaron la cuenta”, dijo a periodistas tras introducir su escrito legal.
Insistió en que el Canal 12 no debe dinero por impuestos. Aseveró que la DGI “inventa” ingresos presuntamente no reportados. “Son pasivos y pagos de deudores”, explicó, citando las sumas que el Estado le exige reportar y cancelar.
Represión en intimidación
La represión contra los medios independientes en Nicaragua se hizo “más violenta, más física” desde abril de 2018, aunque desde años antes ya existía una estructura de censura en el país, diagnostica Natalie Southwick, coordinadora del Programa para América Central, Sur y el Caribe del Comité de Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés.
Hace dos años, las fuerzas de seguridad y parapoliciales cercanas a Ortega reprimieron una ola de protestas ciudadanas contra su administración.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó la muerte de 328 personas en las manifestaciones. Hubo cerca de 2.000 heridos y más de 777 privaciones de la libertad.
El caso del Canal 12 es “un intento para intimidar al medio” como parte de una estrategia política de vieja data del poder ejecutivo de Ortega para “silenciar” a la prensa nacional, insistió Southwick en entrevista con la VOA.
Las órdenes de embargo de bienes de la DGI nicaragüense también involucran al Canal 10, considerada la estación televisiva con mayor audiencia. El gobierno pretende cobrarle 110 millones de córdobas o más de tres millones de dólares. El ente oficial no ha ejecutado su medida.
Según Cosep, el gobierno de Daniel Ortega ha ordenado el cierre y confiscación de al menos 20 medios de comunicación en todo el país desde 2014.
Solo en 2018, autoridades nacionales confiscaron los bienes del canal 100 % Noticias, la revista Confidencial y de los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche. También encarcelaron a dos periodistas.
“Un asunto de ley”
Daniel Ortega, nacido en 1945 en La Libertad, Nicaragua, es el presidente que más tiempo ha ejercido su cargo en la nación centroamericana. El político izquierdista dirigió la primera magistratura nacional entre 1985 y 1990 y volvió a gerenciarla en 2007. Su tercer mandato actual culminará en 2022.
Sus detractores y organismos multilaterales lo acusan de autoritario. Un informe de relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas advirtió en agosto de 2019 sobre “indicios de una represión sistemática y continua de los medios de comunicación” de Nicaragua.
El nepotismo también ha entrado en juego: ocho de los canales de televisión de señal abierta en Nicaragua están controlados por la familia Ortega Murillo.
Seis hijos de la pareja presidencial, Maurice, Camila, Daniel Edmundo, Luciana, Carlos Enrique y Juan Carlos, dirigen las plantas televisivas 4, 8 y 13, y controlan el sistema informativo de la 2, mientras Ángel González, empresario mexicano afín al gobierno, gestiona otras tres. El canal 6 es del Estado.
Wilfredo Navarro, diputado políticamente cercano a Ortega y segundo secretario de la junta directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua, defiende la medida contra el Canal 12 y asegura que es un asunto “de ley”.
“Lo que pasa con Canal 12 es una cuestión sencilla: todo el mundo tiene que pagar impuestos y los medios de comunicación de la derecha creen que, amparándose (del argumento) de que hay persecución política, no quieren pagar impuestos”, opina en declaraciones a la Voz de América.
Considera que el juicio fiscal al canal es “viejo” y criticó a los dueños de la planta por “usar el traje político, de periodista” para no pagar impuestos.
“Ellos están declarando menos ingresos que los que han tenido. Eso es defraudación fiscal. No tiene nada que ver con la libertad de prensa”, afirma.
A su entender, en Nicaragua no existe libertad, sino “libertinaje” en el ejercicio del periodismo.
Balance “sombrío”
Otro expediente conjunto de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano condenó en diciembre de 2018 los ataques y amenazas a la prensa nicaragüense.
La situación de la libertad de expresión en Nicaragua es “sombría”, indicaron Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y David Kaye, relator especial de la ONU sobre la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Sus reportes dieron cuenta del asesinato del periodista Ángel Gahona durante la cobertura de una protesta en Bluefield.
Registraron entre las víctimas del “constante acoso y amenazas” del Estado a periodistas y directivos de medios como La Prensa, Confidencial, 100% Noticias, Radio Darío, Radio Mi Voz, el propio Canal 12 y el Canal 10 de Nicaragua.
En su informe anual de 2019, la Relatoría Especial de la OEA reflejó que el gobierno de Ortega “prosiguió adoptando acciones represivas” dirigidas a restringir de manera sistemática el ejercicio del periodismo independiente.
Ese año, se conoció que el Estado nicaragüense forzó el cierre del diario independiente Nuevo Diario y estaciones de radio del interior, como Radio Darío y La Costeñísima, denunciaron acosos policiales.
Tales prácticas recuerdan casos de censura oficial en países de la región, como Venezuela, donde, en 2007, el presidente Hugo Chávez, hoy fallecido, decidió no renovar la concesión del canal privado Radio Caracas Televisión.
Repudio a la “represión”
El proceso fiscal contra el Canal 12 generó repudio en Nicaragua y más allá de sus fronteras. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, acusó a Ortega de hacer uso de políticas fiscales para “silenciar voces independientes”.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, conformada por estudiantes, campesinos, académicos, religiosos y representantes de la Costa Caribe, sociedad civil y la empresa privada de Nicaragua, condenó el “terrorismo fiscal” y los “juicios amañados” del poder ejecutivo nacional en el caso del Canal 12.
Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, acusó el martes a Ortega de convertirse en “el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo”, en referencia a Anastasio Somoza, quien gobernó Nicaragua en las décadas de los 60 y 70, que implantó un estado de sitio para censurar a la prensa por meses.
“Junto con la vicepresidenta Rosario Murillo -esposa de Ortega-, solo están interesados en prolongar su gobierno”, fustigó el funcionario estadounidense.
Lanza, relator especial de la CIDH, valoró que el presidente de Nicaragua usa “una forma cada más recurrente de censura indirecta”.
La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, de origen francés, pidió al gobierno nicaragüense que ponga fin a “todo tipo de censura administrativa, que tienen consecuencias desastrosas para toda la sociedad”.
Southwick, de CPJ, cree necesaria la colaboración entre la prensa independiente de la nación centroamericana y la participación de la comunidad internacional para hacer frente a los intentos autoritarios de controlar la información.
Con información de Gustavo Ocando Alex, Houston Castillo Vado y Antonio Belchi / La Voz de América
