Fotografía portada con fines ilustrativos / La entonces secretaria general del Partido Patriota, Roxana Baldetti aún como diputada.
Vía Guatevisión.
Guatemala. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) presentaron un nuevo caso de corrupción ocurrido durante la gestión del Partido Patriota (PP), esta vez involucra al Congreso de Guatemala. Pidieron el retiro de la inmunidad contra diputados del extinto PP.
La investigación refiere que los hechos ocurrieron durante el 2014, por la aprobación del decreto 12-2014, la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
Según el MP, al menos 62 diputados del PP se vieron beneficiados con pagos, donde la intermediaria fue la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Entre los indicios recopilados figuran; testimonios, chats interceptados, correos electrónicos y fotografías, los congresistas condicionaron su voto a las decisiones del Ejecutivo y cobraron por la aprobación de leyes como la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles, pero también la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones en 2014; la elección del contralor General de Cuentas y la designación de Junta Directiva y Comisiones de trabajo, entre otras decisiones.
Los diputados señalados son:
- Estuardo Galdámez, diputado y candidato presidencial de FCN-Nación.
- Juan José Porras.
- Haroldo Quej.
- Boris España.
- Gustavo Arnoldo Medrano.
- Mirna Figueroa de Coro.
- Marco Antonio Orozco.
- Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía.
Entre los delitos que se imputan a los señalados se encuentran; cohecho pasivo, lavado de dinero y violación a la Constitución, este último por violación a la división de poderes entre Ejecutivo y Congreso.
La operadora de los pagos habría sido la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, quien cumple condena de 15 años por el fraude en el proyecto de saneamiento en el Lago de Amatitlán, pero también enfrenta casos de TCQ, Cooptación del Estado, La Línea, plazas fantasma en el RIC, además de la solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Otro de los intermediarios de este caso fue el actual ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, según cinco testimonios recopilados en la investigación.
