El Parlamento Centroamericano (Parlacen) fue creado en 1991 con el objetivo de crear un espacio de integración regional, pero sus decisiones o recomendaciones no son legales y ningún país está obligado a cumplirlas. En seis años ha costado Q92 millones.
De acuerdo a analistas, el Parlamento se ha convertido en un refugio para políticos con cuestionamientos en la región.
De acuerdo al acta de constitución del Parlamento Centroamericano, le corresponde plantear análisis y recomendaciones sobre aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común, además de proponer tratados y convenios entre países de Centroamérica.
La diputada de Guatemala en el Parlacen, Paula Rodríguez, reconoce que las decisiones del Parlamento no son vinculantes y que para trabajar en una ley se debe hacer a través de los Congresos de cada país.
Para el analista Renzo Rosal, el Parlacen no ha realizado recomendaciones de importancia y por eso es criticado, además, algunos de sus integrantes son cuestionados lo que le suma la desaprobación de parte de la población.
La asignación de recursos para el Parlamento Centroamericano proviene del presupuesto del Congreso de la República de Guatemala y para este año le fue asignado Q13 millones, monto que también proporcionan todos los países que lo integran.
Según los acuerdos del Congreso de la República en los que aprueba su presupuesto cada año, desde el 2013, el Estado ha trasladado Q92 millones 800 mil al Parlacen para el pago de sueldos de diputados y gastos de funcionamiento.
Los aportes se distribuyen de la siguiente manera: 2013 (Q13.6 millones), 2014 (Q14 millones), 2015 (Q25.6 millones), 2016 (Q13.6 millones), 2017 (Q13 millones) y 2018 (Q13 millones).
El salario base de un diputado del Parlacen es menor al que recibe un legislador del Congreso de la República de Guatemala. Según los registros, el sueldo de un diputado del Parlamento Centroamericano es de US$1 mil 200, pero se le suman US$2 mil 800 en dietas por asistir a las reuniones regionales y a la asamblea general, haciendo un total de US$4 mil los percibidos mensualmente.
Los diputados se reúnen una semana al mes en sus países y una semana en la sede central que está en Guatemala. Si un diputado falta a las reuniones se le descontará de las dietas.
Para este año, Guatemala aportará Q13 millones al Parlacen, mientras que el órgano regional erogará Q7 millones 803 mil para el pago de sueldos de los 22 diputados que representan al país.
Para Manfredo Marroquín de AC, los recursos que se invierten en el Parlacen no son una inversión, sino lo contrario.
“El Parlamento Centroamericano es un gasto, no es una inversión, porque no muestra resultados. Esos recursos se podrían invertir en otros temas prioritarios para cada país, pensemos en Guatemala, en qué se podría invertir esos recursos”, explicó.
La diputada Paula Rodríguez dijo que los diputados guatemaltecos son los que tienen mejores condiciones, ya que cuando se reúnen en la sede central del Parlacen, los legisladores de los otros cinco países deben pagar su hospedaje y boleto de viaje cuando se realizan las sesiones generales en Guatemala.
La Vicepresidencia de la República es la que se encarga de pagar el arrendamiento del Parlamento Centroamericano, de acuerdo al artículo 19 del tratado constitutivo del Parlamento, de fecha 15 de octubre de 1987 donde establece que corresponde al Estado sede facilitar las instalaciones que requiere para su funcionamiento. El edifico central del Parlamento Centroamericano se ubica en la 12 avenida 33-04 de la zona 5 de la ciudad de Guatemala.
Este año, hay un contrato de arrendamiento por Q48 mil mensuales, es decir, hará un desembolso al finalizar 2018 de Q576 mil, que saldrán de los recursos del Estado. Según los registros de la Vicepresidencia, en los últimos 10 años (2008-2017) el Ejecutivo ha pagado Q5 millones 112 mil por el alquiler del Edifico Central del Parlamento Centroamericano. A partir del 2017, el pago por arrendamiento se incrementó a Q48 mil, ya que con anterioridad se pagaba Q42 mil.
Según reportes de prensa, el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera han ofrecido a los diputados del Parlamento Centroamericano un nuevo edificio, ya que las instalaciones no se adecuan a sus necesidades.
El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli es señalado en casos de corrupción, uno de ellos es la supuesta malversación de US$47 millones durante su gestión. Actualmente se encuentra en confinamiento en la prisión Federal de Miami, Estados Unidos, ya que es requerido por la justicia de su país. Antes de trasladarse a EE. UU., gozaba de la inmunidad del Parlamento Centroamericano, aunque en noviembre según el medio panameño La Prensa, el exmandatario contemplaba renunciar a su representación en ese organismo.
El diputado por Guatemala ante el Parlamento Centroamericano, Gilmar Othmar Sánchez está arraigado y sin inmunidad, que le retiró la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo señalaran por su supuesta participación como copropietario del restaurante Fulanos & Menganos, en la simulación de dos contratos suscritos con el Registro General de la Propiedad.
En ese caso también están implicados Samuel Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, y al menos 18 personas más que ya están afrontando un juicio. Luego del retiro de inmunidad y arraigo, Othmar Sánchez alegó que la CSJ no debe retirarle su derecho de antejuicio, indicando que es una decisión que le correspondía al pleno de diputados del Parlamento.
“El Parlamento Centroamericano no fue creado para ser un refugio político, pero en la práctica evidentemente así es usado”, dijo Renzo Rosal al recordar estos casos.
Con información de La Hora
