Dictan arresto domiciliar a cinco personas ligadas a daños a 29 hectáreas del cerro Cantil

Feb 14, 2018 | Noticias | 0 Comentarios

Por Santigo Botón

Cinco personas de la aldea Santa María Tzejá, Ixcán, El Quiche, fueron ligadas a proceso penal y quedan bajo arresto domiciliar para no ir a prisión preventiva, por tres meses, mientras el Ministerio Público (MP) concluye las investigaciones.

La medida sustitutiva fue dictada por la jueza Jessie Edith Figueroa Pereira, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Ixcán, al encontrar indicios de la participación de los sindicados en los delitos en contra de los recursos naturales y atentar en contra del patrimonio natural y cultural de la nación.

Los sindicados son: César Fredy Noriega Castro, de 29 años; Fabián Quinilla Taperio; Juan Ortiz Solís, 50; Lucas Quinilla Taperio, 43, y Santiago Juárez Imulio, 38. Las autoridades indican que hay 8 personas más vinculadas al proceso denominado “Caso Cerro Cantil”.

El caso se originó en el 2013, y llega a la etapa de primera declaración, durante tres días, en audiencias programadas del 13 al 15 de febrero.

Admiten ocupación de tierras en el cerro Cantil

La fiscal del MP, Carol Aroche Pineda, señala que los cinco participaron en la tala ilegal en la reserva forestal conocida como Cerro Cantil, Santa María Tzejá.

La fiscal fundamenta sus acusaciones en investigaciones de campo e informes técnicos del Instituto Nacional de Bosques (Inab), que documentó daños a una fuente de recarga hídrica del río Tzorec, al pie del cerro Cantil, y tala de especies protegidas como el rozul, cola de coche, hormigo, entre otras.

Durante las declaraciones, cuatro de los sindicados reconocieron que habían ocupado tierras en el cerro Cantil. “Nosotros ocupamos una partecita del cerro Cantil, porque la comunidad se repartió la cantidad de 500 hectáreas de terrenos que son bienes de la Nación”, dijo Juan Ortiz Solís.

La jueza no admitió los alegatos sobre la distribución y la forma de ocupación de tierras, y encausó la audiencia sobre el delito penal en contra del medioambiente.

En este caso, Fabián Quinilla Taperio, reconoció que cada uno ha ocupado cerca de nueve cuerdas para el cultivo de cardamomo. “No hemos talado, porque el cardamomo no necesita de mucho sol, solo hemos raleado”, expresó.

La abogada de la Defensa Pública Penal, María Albertina Pop Tzub, presentó un “censo forestal” firmado por el ingeniero forestal, Antulio Rocael Hernández Gómez, donde hace constar que en los terrenos ocupados por alguno de los sindicados “no existen especies protegidas”.

La jueza Jessie Edith Figueroa desvaneció el referido censo, porque el mismo ingeniero forestal consignó en el inventario la existencia de la especie cola de coche, una variedad que forma parte de la lista de especies amenazadas en Guatemala, puntualizó.

Además, la juzgadora mostró una fotografía de un rótulo que identifica a un proyecto del Programa de Incentivos Forestales del Inab, colgado al límite del cerro Cantil, donde está escrita la existencia de la especie de rozul en el área.

Más de 29 hectáreas destruidas

Según el último inventario presentado por el Inab, los daños ocasionados al cerro Cantil abarcan 29.53 hectáreas, que en términos económicos asciende a Q897 mil 122.12, un monto admitido por la jueza y el MP.

Tomando en cuenta la característica de los daños, la fiscalía solicitó prisión preventiva en contra de los primeros cinco sindicados, una solicitud que fue secundada por Aracely Caal, delegada de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que figuró como parte agraviada en el proceso.

Mientras la querella de la comunidad, constituida por la abogada Jovita Tzul, solicitó el arraigo de los sindicados por existir riesgo de fuga al estar cerca de la frontera mexicana, una medida reconsiderada por la jueza.

El arresto domiciliario impide a los sindicados salir fuera del país sin la autorización del juzgado, además, no podrán interactuar con las autoridades comunitarias como parte acusadoras para evitar confrontaciones y se establece la prohibición de seguir ingresando a la reserva forestal, tal como se les notificó el pasado año 2016.

Reserva salvó la vida de habitantes durante la represión militar

El cerro Cantil es una reserva natural de más de 60 hectáreas protegida por la comunidad de Santa María Tzejá, desde su fundación en 1969.

Durante la sangrienta política de tierra arrasada de los años ochenta, el referido bosque nativo brindó refugio a los habitantes que salvaguardaban sus vidas ante el Ejército de Guatemala.

En agosto del 2013, la comunidad realizó una consulta comunitaria de buena fe y la mayoría de los habitantes ratificó la decisión de seguir protegiendo el cerro Cantil.

Antes de su invasión en el 2013, el cerro Cantil era utilizado por estudiantes del Instituto por Cooperativa de Santa María Tzejá, como un destino para excursiones temáticas del pensum de estudio.

 

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