Por Rubén Jocol y Fernando Castellanos |
En una resolución sin precedentes para el sistema de justicia guatemalteco, este martes el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango dictó una condena de 18 años de prisión contra Carmelo Pop Velásquez y Luis Oswaldo Rivera García.
Ambos funcionarios del Sistema Penitenciario (SP) fueron hallados culpables del delito de homicidio por comisión por omisión, al determinarse que violaron su deber jurídico de cuidado y resguardo dentro de la Granja Penal Modelo de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango.
El caso cobra relevancia nacional al convertirse en un fallo hito que expone la corrupción, las redes de extorsión y la falta de protección a los reclusos dentro de las cárceles del país.
El origen de la tragedia: Abuso de poder, tortura y extorsión
La investigación demostró que los ahora condenados abusaron de sus funciones al trasladar de forma anómala a la víctima, Allan de León Uluán, a un sector destinado a reos ya condenados, a pesar de que él se encontraba en situación de prisión preventiva.
Posteriormente, cuando de León Uluán obtuvo una sentencia absolutoria que ordenaba su libertad, los funcionarios, en complicidad con reclusos dentro del penal, intensificaron el chantaje contra la familia.
El entramado criminal detrás del caso reveló detalles alarmantes:
➡️ Extorsión millonaria: La familia de la víctima llegó a pagar más de Q200 mil a lo largo de dos años para intentar garantizar su seguridad.
➡️ El detonante: El abogado defensor de la familia, Carlos Martínez, señaló que por una última exigencia de Q6 mil que no se pudo concretar, le quitaron la vida al joven.
➡️ Intento de encubrimiento: Tras el fallecimiento, el personal penitenciario intentó ocultar el crimen asegurando públicamente que la muerte había sido causada por complicaciones de COVID-19.
➡️ La prueba científica: La aplicación del riguroso Protocolo de Minnesota (un estándar internacional para investigar muertes potencialmente ilícitas bajo custodia del Estado) desmintió la versión oficial, demostrando que el joven sufrió tortura severa antes de morir.
El Tribunal logró comprobar la responsabilidad de los trabajadores públicos al verificar que se encontraban en turnos específicos dentro de la Granja de Cantel en los momentos exactos en que se efectuaban las llamadas extorsivas.
Un llamado a romper el silencio frente a las prisiones
Para el profesional del derecho, Carlos Martínez, este dictamen marca un punto de partida fundamental para las víctimas de chantajes y abusos que ocurren tras las rejas en Guatemala.
El jurista enfatizó que cualquier funcionario que permita o ignore que se cometan delitos bajo su turno puede ser procesado penalmente bajo la figura de comisión por omisión.
Debido a las graves fallas de custodia del sistema carcelario guatemalteco, la defensa legal anunció que evalúan llevar el expediente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para deducir las responsabilidades internacionales correspondientes al Estado.
«Hoy puedo ir a llorar a mi hijo sabiendo que hubo justicia»
Tras escuchar el fallo de la jueza, la madre de Allan León expresó un profundo sentimiento de alivio, describiendo el proceso como una etapa de desgaste emocional devastador que incluso provocó la muerte del padre del joven seis meses después del crimen.
La madre envió un mensaje de aliento a la población instando a las familias que sufren situaciones similares a no guardar silencio ante la corrupción: «Estoy muy satisfecha con la justicia. Yo invito a todos a que presenten sus denuncias y no teman. Esto es lo que a mí me hizo caminar con este proceso. Ya no se queden callados, que sí se puede, señoras, padres, hermanos. Pueden denunciar todo lo que está pasando para que nuestros hijos no sigan siendo torturados. Ahora puedo ya irle a llorar a mi hijo y decirle que se logró justicia en Guatemala».
