Por Moisés Cottom |
En el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango se desarrolló la audiencia de primera declaración de Crista «N», quien es sindicada de los delitos de caso especial de estafa, uso indebido de documentos falsos y usurpación de funciones.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), la sindicada se hacía pasar como trabajadora de la institución y tuvo conocimiento de un proceso penal en contra de un sindicado por un hecho delictivo. Al enterarse, se habría abocado con la progenitora del sindicado, a quien le manifestó falsamente que laboraba en el MP y que podía intervenir de forma positiva o negativa en el desarrollo del proceso judicial.
Con base en esa falsedad, exigió diversas sumas de dinero a cambio de su supuesta «intervención». Según la investigación recibió más de Q11 mil mediante transferencias bancarias.
El abogado del Instituto de la Víctima explicó que la familia del sindicado detectó irregularidades en la documentación presentada por la sindicada, porque las firmas y sellos institucionales del MP fueron escaneados y pegados digitalmente a los documentos, evidenciando su falsedad.
Asimismo, se señaló que la utilización indebida de las firmas de funcionarios del MP y de sellos institucionales constituye una acción que lesiona el honor, la integridad y la credibilidad de la institución al emplearse fraudulentamente para obtener beneficios económicos.
El juez resolvió ligar a proceso penal a la sindicada por los delitos mencionados, al considerar que existen suficientes elementos de convicción que la vinculan con los hechos investigados. Durante la audiencia, tanto el hijo de la persona afectada como los fiscales del MP, se constituyeron como querellantes adhesivos —parte acusadora— con el fin de coadyuvar en la persecución penal y en la defensa de los intereses de las víctimas.
Las investigaciones confirmaron que la acusada no figura en la base de datos de empleados del MP.
