Con información de Fernando Castellanos.
Este martes 30 de septiembre, el Congreso de la República aprobó en redacción final la iniciativa 5698, que reforma el Decreto 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, junto con una enmienda que exceptúa a iglesias, instituciones benéficas y ventas informales de presentar estudios de impacto ambiental.
La propuesta fue impulsada por el diputado de Visión con Valores (Viva), Edín Mejía, y contó con 98 votos a favor. Posteriormente, se aprobó con 83 votos la enmienda por adición presentada por diputados de Valor, Viva, Vamos, Cabal y otros bloques, que agregó el último párrafo al artículo 8 de la normativa.
¿Qué establece la reforma?
El nuevo texto del artículo 8 mantiene la obligatoriedad de presentar estudios de impacto ambiental para proyectos que puedan generar contaminación o deterioro ambiental, pero introduce excepciones:
Instituciones religiosas
Instituciones benéficas.
Servicios profesionales individuales.
Ventas de la economía informal que no emitan fluidos o gases contaminantes y cuyos desechos sólidos sean manejados por un recolector autorizado.
Estas categorías sí deberán presentar estudios cuando se trate de nuevas construcciones, ampliaciones o modificaciones en inmuebles.
Además, se reformó el artículo 18, que establece que el Organismo Ejecutivo debe emitir en un plazo de tres meses los reglamentos que definan las categorías de proyectos, requisitos, sanciones y plazos de cumplimiento.
Debate en el hemiciclo
La discusión estuvo marcada por posturas encontradas:
La diputada Karina Paz calificó la normativa como inconstitucional, señalando que otorga privilegios y debilita la regulación ambiental. Anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad.
El diputado Edín Mejía aseguró que no se trata de apoyar a un solo sector, sino a varios, y defendió el beneficio hacia lo que llamó “la única reserva moral que hay en el país, que son las iglesias”.
La oficialista Mercedes Monzón advirtió que la medida representa un atentado contra el ambiente y el futuro de la población.
El diputado Julio Portillo respaldó la enmienda y afirmó que estaban defendiendo a las iglesias ante multas y sanciones impuestas por el Ministerio de Ambiente.
Otros legisladores, como Alexandra Ajcip (Elefante) y Lucrecia de Palomo (Unionista), también apoyaron la medida, argumentando que las pequeñas empresas y comercios enfrentan dificultades para costear estudios ambientales.
El tema generó polémica tanto dentro como fuera del Congreso, ya que organizaciones ambientalistas y sectores sociales han advertido que la reforma podría abrir la puerta a abusos y debilitar los mecanismos de control ambiental en Guatemala.
Con la aprobación en tercera lectura y redacción final, la normativa entrará en vigor una vez sea publicada en el Diario Oficial.
