Por Fredy López |
Al emanciparse Guatemala del Imperio Mexicano (el 2 de agosto de 1823) rigió provisionalmente la vida política del país la Constitución Española de 1812. El 22 de noviembre de 1824 entró en vigor, para toda Centroamérica, la Constitución Federal de ese año: dentro de la Federación, se aprobó la Constitución del Estado de Guatemala de 11 de octubre de 1825. La disolución de la Federación Centroamericana supuso la necesidad de que sus Estados miembros se dotasen de sistemas constitucionales propios.
Como en las otras provincias dentro de la Federación, esta Constitución era calcada de la federal, que se promulgó en 1825 y estuvo vigente hasta el rompimiento de la federación. Organiza el Estado adoptando el sistema de separación de poderes por vez primera.
El gobierno sería esencialmente representativo por elección popular, incluyendo el “poder judiciario”. Establecía que sólo el legislativo y el ejecutivo tenían iniciativa de ley. Además establecía reglas especiales de aprobación acelerada para aquellas resoluciones que por su naturaleza fueren urgentes. Se limitó a la soberanía y estableció la administración municipal.
En materia de garantías individuales legisla sobre las más importantes, incluyendo la publicidad del proceso, la igualdad de acceso a los tribunales, el carácter exclusivo y legal de los centros de detención, la prohibición de formar tribunales especiales y de desarmar indebidamente a los habitantes.
Algunas disposiciones revelan lo anticipado que se encontraban, sobre todo para impedir las cárceles clandestinas y los tribunales de fuero especial: “Las personas aprehendidas por la autoridad no podrán ser llevadas a otros lugares de prisión, detención o arresto, que a los que estén legal y públicamente destinados al efecto.”
En múltiples oportunidades los preceptos de la Constitución Federal fueron letra muerta: por ejemplo, de 1826 a 1829 los órganos legislativos no funcionaron y en 1829 el gobierno del Presidente Manuel José de Arce y Fagoaga fue derrocado. En 1835 el Congreso federal aprobó un ambicioso plan de reformas constitucionales pero solamente lo aprobaron Costa Rica y Nicaragua y en consecuencia no entró en vigor.
En Guatemala la Constitución, a pesar de todo esto, fue muy bien recibida en general, y generó muchas expectativas, aun cuando fue ratificada por el primer Congreso Federal y no por la Asamblea Constituyente, como era rigor. Ahora bien, entre las aportaciones que pueden abonarse a esta última, merecen destacarse las siguientes: establecimiento de los símbolos de la nación, eliminación de los impuestos de corte colonial –en especial el tributo–, legislación en función de asegurar los derechos humanos; entre otros, se buscó también la promoción de tertulias patrióticas, la mejora de la situación marginal de los indígenas, la reorganización del gobierno municipal, la Constitución de milicias populares y civiles y, con especial mención, la aprobación del decreto de abolición de la esclavitud a propuesta del diputado Simeón Cañas –acción que puso a la República en delantera a la mayoría de países del mundo.
En esa constitución, del 11 de octubre de 1,825, se integró el territorio nacional al circuito de Salamá como Capitanía General de las Verapaces.
