La justicia de Venezuela pidió el arresto del presidente de Argentina, Javier Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, por la comisión de supuestos crímenes de lesa humanidad y el “robo” de un avión propiedad del Estado venezolano.
“Hemos solicitado inclusión con alerta roja en Interpol contra estos sujetos. La solicitud ha sido remitida, esperemos a ver cómo va a actuar Interpol”, afirmó este lunes el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en conferencia de prensa.
El anuncio siguió a una orden similar emitida el lunes por la Justicia argentina para diligenciar, sobre la base del principio de la jurisdicción internacional de los DDHH, la captura con fines de extradición contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad.
Saab aseguró que el fallo de la Justicia argentina es una acción de “venganza” contra el Estado venezolano, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela acordó solicitar medida privativa de libertad contra Milei y las funcionarias de su gobierno.
“Eres un copión, así como los muchachos de la escuela que se copian del alumno que tiene al lado, que es un aventajado”, afirmó.
Además, nuevamente calificó como “piratería” el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), que la semana pasada, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reiteró que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela se han agravado tras las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Cancillería venezolana afirmó también este martes que la decisión de una instancia de la justicia argentina es “írrita” e insistió en que “carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios que gozan los presidentes y altos funcionarios”.
“Esta ridícula decisión busca apuntalar la progresiva destrucción del Estado de derecho internacional, pretendiendo subrogarse en las competencias de los organismos multilaterales, disminuyendo su papel, afectando seriamente todo el sistema internacional”, precisa el texto.
La fiscalía venezolana, en tanto, investiga a los tres funcionarios argentinos por la presunta comisión de “robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”.
Un avión del Estado venezolano que fue retenido en Argentina desde el 2022, durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández, y que la justicia estadounidense se incautó por presuntamente haber violado “sanciones” y mantener vínculos con el terrorismo, a inicios de este año fue trasladado a Estados Unidos, donde fue inutilizado.
El Boeing 747, siglas YV3531, operado por la compañía venezolana Emtrasur, filial de la estatal Conviasa, anteriormente era propiedad de la aerolínea iraní Mahan Air. Su tripulación, integrada por 14 venezolanos y cinco iraníes, fueron momentáneamente detenidos, sometidos a una investigación y posteriormente liberados.
Argentina dijo que ese caso fue resuelto por el Poder Judicial que, insistió, es independiente. “El Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna”, precisó la semana pasada la Cancillería en un comunicado en el que, además, añadió que en Venezuela no impera la división de poderes y la independencia de los jueces.
A principios de este mes el gobierno argentino pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) arrestar a Maduro.
En 2021, la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad que según el Estado venezolano nunca han existido.
Los mandatarios de Venezuela y Argentina se atacan verbalmente con frecuencia, aunque las tensiones se agudizaron después de que el gobierno de Maduro decidió romper relaciones con Argentina, tras cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio que dieron como ganador al mandatario venezolano en medio de denuncias de fraude.
Saab afirmó este martes que Milei debería estar recluido en un “psiquiátrico” por, entre otras cosas, asegurar que es asesorado por uno de sus perros fallecidos.
En la residencia de la embajada de Argentina en Caracas se encuentran asilados 6 cercanos colaboradores de la líder opositora, María Corina Machado, acusados de presuntamente organizar planes desestabilizadores.
La sede diplomática, cuya representación y custodia asumió Brasil tras la expulsión de la delegación argentina, ha sido asediada en varias ocasiones por fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado venezolano.
Información Voz de América
