Por Fredy de León |
Instituciones se reúnen para la habilitación de carceletas en Sololá, debido a que las personas detenidas son trasladadas a otros departamentos, situación que violenta la ley y vulnera sus derechos, afirman las autoridades.
El artículo 95 del Reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario establece: «se deberá readecuar y construir centros de detención que correspondan, a efecto que en cada departamento de la república exista un centro de prisión preventiva, uno de cumplimiento de condena por renglón». Esta situación, según autoridades, no se cumple en el departamento de Sololá, porque en la actualidad y desde hace varios años las carceletas en diferentes subestaciones policiales fueron clausuradas.
Esta situación ha promovido una serie de acercamientos entre autoridades del Sistema Penitenciario (SP), relatores de la Oficina Contra la Tortura del Congreso de la República de Guatemala y representantes de la Asociación de Abogados de Sololá, quienes solicitaron la habilitación de dos carceletas en Sololá y Panajachel para tener un espacio para las personas que esperan audiencia y con esto evitar que se vulneren sus derechos.
Vulneración de derechos
Ante la situación que vulnera los derechos de la población en conflicto con la ley, durante la reunión también se abordaron los temas relacionados con la habilitación del centro preventivo cuya construcción está sin finalizar y que se ubica en el municipio de Concepción.
Según la agenda de las autoridades se ha dispuesto, para la próxima semana, una reunión para continuar trabajando en el tema.
Fue, aproximadamente, en el año 2014 que se dispuso inhabilitar las carceletas en el departamento de Sololá, debido a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque no se contaba con las condiciones adecuadas para los reclusos.
Desde entonces las personas detenidas son trasladadas hacia Chimaltenango, Suchitepéquez o Quetzaltenango, lo cual contraviene lo contenido en el Reglamento del SP.
