Seis años después de que la justicia hondureña condenó a siete de los ocho implicados en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en 2016, el 25 de noviembre la Sala de lo Penal de ese país ratificó esas condenas.
“Tantos años de espera, tantas formas de dolor que transitan en la espera de una justicia que, en el proceso de construcción, arranca pedacitos del alma. Hoy se han confirmado las sentencias para siete de los 8 asesinos enjuiciados”, dijo Laura Zúniga, hija de la fallecida ambientalista, en su cuenta de X.
Cáceres era la cara visible de las protestas contra el proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, Honduras.
Fue asesinada el 2 de marzo de 2016, en su hogar. El asesinato ocurrió después de años de amenazas contra la defensora, por su rol opositora en la represa.
Con el crimen, quedó en evidencia una estructura criminal que buscaba acallar esas voces: la familia Atala Zablah, dueña del proyecto, miembros del ejército y de la policía, según el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
En 2018 y 2021, la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó a David Castillo, empleado de la familia Atala, Douglas Bustillo, militar y jefe de seguridad de la empresa de la familia Atala; Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Hernández, militar; Elvin Rápalo, Oscar Torres y Edilson Duarte por el asesinato de Cáceres.
Que esas condenas fuera ratificadas era una lucha que mantenía en pie la familia de la ambientalista. Hoy, la Sala deja firmes las condenas previas, lo que implica que ya no pueden ser modificadas ni apeladas en esa instancia judicial.
Para Salva Zúniga Cáceres, hija de la ambientalista, la justicia es aún “parcial”, pues no se ha judicializado a los autores intelectuales del crimen.
De hecho, la Sala Penal modificó los agravantes en la sentencia de David Castillo, lo que implica una reducción de su condena.
Castillo fue quien presidió la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada del proyecto. En 2022 fue condenado a 22 años y seis meses de prisión. En esta oportunidad se modifican los agravantes de su condición, lo que implica una condena de 20 años de prisión.
“No descansaremos hasta que todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, enfrenten las consecuencias de sus crímenes y se profundice la grieta de la justicia en el muro de la impunidad en Honduras”, explicó el Copinh, que cofundó Cáceres.
En el caso caso del octavo implicado, Sergio Rodríguez, quien se desempeñaba como gerente del área social, ambiental y de comunicaciónes de DESA, su condena no fue ratificada y pasó al pleno de la Corte Suprema de Justicia debido a la falta de unanimidad sobre su sentencia.
Información Karla Arévalo / Voz de América
