La Justicia Federal de Argentina ordenó diligenciar órdenes de captura internacional contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, investigados por presuntamente estar implicados en la comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela.
El fallo encomendó disponer, vía Interpol, la captura internacional con fines de extradición a la nación argentina.
La semana pasada, víctimas venezolanas, representantes del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fiscalía de ese país, solicitaron que se ordenara el arresto de Maduro y Cabello, en medio de una causa abierta por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano.
El proceso fue abierto sobre la base del principio de la jurisdicción universal de los Derechos Humanos que, según Naciones Unidas, “confiere competencia a un Estado para juzgar y sancionar al autor de un delito, cualquiera que sea el lugar en el que se cometió y cualquiera que sea la nacionalidad de su autor o víctima”.
Tomás Farini, abogado querellante y representante legal del FADD, afirmó que el hecho de que estén “muy probados” los crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática en Venezuela, permitió que de manera “excepcional” la Justicia argentina reconozca la jurisdicción universal e investigue los delitos en territorio venezolano.
De acuerdo con el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), presentado la semana pasada ante el Consejo de DDHH de la ONU, las violaciones a los derechos humanos en el país se han agravado tras las disputadas elecciones del 28 de julio. Poco después, el gobierno de Maduro condenó los hallazgos de la Misión.
Farini explicó a la Voz de América que en la Constitución de Argentina existe una cláusula que permite a los jueces de ese país investigar delitos cometidos en cualquier parte del mundo.
Respecto a la alerta roja de Interpol, Farini admitió que Maduro no será detenido por la delegación en Venezuela, porque «responde» a la policía local, y agregó, además, que existe la discusión sobre las “inmunidades” dispuestas por la Convención de Viena.
El representante de la FADD espera, sin embargo, que se emitan estos avisos, como ha ocurrido en casos de iraníes involucrados con el caso de la AMIA.
Sin embargo, asegura que lo que sí ocurrirá es que si Maduro requiere salir de Venezuela, deberá tener acuerdos con otros países o correría el riesgo de ser detenido.
“Maduro en realidad es un mandatario de facto, porque no ganó las elecciones. Hay casos en los que se han logrado anotaciones rojas”, dijo.
“Le pasó a Alex Saab, tuvo que bajar en África y terminó detenido en EEUU”, continuó.
Farini explicó que en Argentina no se permite el juicio en ausencia, por lo que si Maduro no es arrestado y extraditado a ese país, el proceso no puede avanzar.
“La parte del juicio oral solamente puede pasar con los imputados presentes. Si se lo arresta el juicio continúa, si no se le arresta, pero se concreta un proyecto de ley que permita el juicio en ausencia, va a haber juicio oral ”, precisó.
La causa inició hace dos años, luego de que Maduro fuera invitado a la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en Argentina.
Este mismo lunes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela acordó solicitar medida privativa de libertad contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y dos funcionarias de su gobierno, por solicitud del Ministerio Público (MP) venezolano.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la semana pasada que, sobre la base del derecho internacional, fue abierta una investigación penal contra Milei; Karina Milei, secretaria general de la presidencia de Argentina, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina por la comisión de supuestos crímenes de lesa humanidad y por el “robo” de un avión propiedad del Estado venezolano.
Los mandatarios de Venezuela y Argentina se atacan verbalmente con frecuencia, aunque las tensiones se agudizaron después de que el gobierno de Milei decidió romper relaciones con Maduro, tras cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio que dieron como ganador al mandatario venezolano.
A principios de este mes, el gobierno argentino pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) arrestar a Maduro.
En 2021, la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad que según el Estado venezolano nunca han existido.
Información Voz de América
