Tras más de tres años de negociaciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de El Salvador llegaron a un acuerdo de financiamiento por 1.400 millones de dólares.
El programa, que durará 40 meses, tiene el propósito de “fortalecer la estabilidad fiscal y externa. Así como ayudar a crear las condiciones para un crecimiento más fuerte e inclusivo”.
A cambio, ambas partes acordaron mitigar “los riesgos relacionados con el bitcoin”, una criptomoneda que en 2021 adoptó un carácter legal junto al dólar, haciendo su uso obligatorio en El Salvador.
“La aceptación de Bitcoin por el sector privado será voluntaria y la participación del sector público en actividades relacionadas con el bitcoin será delimitada”, aseguró el FMI en un comunicado.
Esto significa que El Salvador deberá adoptar reformas legales para cumplirlo, pues la Ley Bitcoin, aprobada en septiembre de 2021, establece que ciudadanos, empresas e instituciones deberán adoptar obligatoriamente la criptomoneda como forma de pago.
Además, en el sector público, la participación en actividades económicas relacionadas con el bitcoin y las transacciones y compras de bitcoines estarán delimitadas, señala el acuerdo.
“Los impuestos podrán ser pagados sólo en dólares y la participación del gobierno en la billetera cripto (Chivo) se irá reduciendo gradualmente”.
El FMI ha sido uno de los actores internacionales más críticos con la adopción de bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele en su primer mandato.
Al inicio, el gobierno rechazó varias de las recomendaciones señaladas por el ente internacional, argumentando que el bitcoin modernizaría la economía salvadoreña y ayudaría a mejorar la inclusión financiera, especialmente en áreas rurales.
Hoy, el acuerdo de reducir su uso en el país centroamericano llega cuando la criptomoneda alcanza su valor más alto desde que se creó en 2009, superando los 106.000 dólares.
Otras de las medidas fiscales que se espera que ocurran en 2025 están la reducción de la masa salarial en el sector público, el gasto en bienes y servicios y las transferencias a los municipios.
Asimismo, el FMI espera mayor eficiencia en la función pública, en la viabilidad del sistema de pensiones y una reducción en los costos de endeudamiento.
El Salvador tiene la deuda pública más alta de Centroamérica, con el 85 % de su Producto Interno Bruto (PIB) comprometido y con limitadas opciones de financiamiento.
Desde 2021, las autoridades han estado negociando este programa con el FMI para abordar estos desafíos fiscales.
Bukele reaccionó al comunicado del FMI con un emoji de beso, sin dar mayores detalles.
Información Karla Arévalo / Voz de América / Fotografía FMI
