El abogado experto en arbitrajes internacionales Luis Parada advierte sobre los “riesgos” de reactivar la minería extractiva en El Salvador luego de aprobarse la nueva ley que revierte la prohibición existente y con la que el gobierno busca atraer inversiones con el oro y la plata que existiría en la zona central del país centroamericano.
Luis Parada conoce al dedillo un tema tan sensible para gran parte de la población salvadoreña al haber dirigido el equipo de abogados en un bufete privado en Washington que defendió a El Salvador ante las demandas interpuestas por dos empresas mineras la década pasada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial. El Estado salvadoreño ganó los procesos tras años de querella.
En entrevista con la Voz de América, Parada afirmó que entre las lecciones dejadas tras la larga batalla en el CIADI está que “las empresas mineras son mentirosas”, al igual que sus “las campañas de minería verde”, que “sólo hablan de la parte buena, minimizan la parte mala y nunca se menciona la parte desastrosa”.
Explicó que en el nuevo contexto salvadoreño, el país quedaría expuesto a demandas millonarias, aparte de los peligros medioambientales que conlleva reiniciar la minería, por lo que los ve retos y «riesgos» para el país.
Las demandas interpuestas por Commerce Group y Pacific Rim pusieron en relieve los riesgos de la minería y empujaron a las autoridades de El Salvador en 2017 a prohibir la minería metálica, recordó Parada, al poner en la balanza los altos riesgos comparados a los supuestos beneficios.
El experto también mencionó algunos de los documentos que se discutieron durante las etapas del caso en Washington, donde la empresa canadiense Pacific Rim, -vendida al final del proceso a la australina Oceana Gold- ofreció cálculos de cuánto oro y plata había descubierto, pero también el volumen de extracción que necesitaba para conseguir algunos gramos del oro en las montañas del norte de El Salvador.
Lo que yace a profundidades
Parada enfatizó en que se debe aclarar a la población para que “no vayan a creer que son pepitas de oro o las vetas donde se ve el oro como si fuera una vena. No, estamos hablando de granitos de como de arena en rocas”, a cientos de metros de profundidad, insistió.
Durante el caso, Pacific Rim llevó a la mesa los documentos sobre sus hallazgos en los estudios de exploración, que revelaron cuánto oro y plata habría bajo las montañas, cifras muy distantes de lo que vaticinó el presidente Nayib Bukele antes de derogar la prohibición, advirtió el abogado.
“Para decir que en los ocho depósitos que constituyeron la demanda donde tenían las solicitud de concesión y las licencias de exploración (en Cabañas), el depósito de más alta concentración que tenían eran nueve gramos de oro por cada tonelada de roca, para sacar una onza se necesita explotar unas 7.000 libras de roca”, agregó, al tiempo que recordó que una onza tiene 28,34 gramos.
Parada extrapoló los datos y explicó como durante los alegatos se hicieron también comparaciones por aspectos de impacto ambiental con lo que se podría ejemplificar que para fabricar una moneda de oro del tamaño de una moneda de 25 centavos de dólar “se necesitaba triturar unas dos toneladas de roca”.
Los yacimientos según el gobierno
Cuando el presidente Bukele abrió la puerta a la reactivación de la minería en El Salvador en noviembre, lo justificó a través de la red social X, con una sugerente frase para atraer a la audiencia. «Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies», dijo.
Para posteriormente decir que ese tesoro obedece a la ubicación geográfica de El Salvador “en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas más ricas en recursos minerales gracias a su actividad volcánica” y que El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por km² en el mundo».
Y agregó entonces que los «estudios realizados en solo el 4 % del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en 131.565 millones (…) Esto equivale al 380 % del PIB», pero no ha explicado el origen de los estudios y ningun riesgo asociado a la explotación minera.
Para el abogado Luis Parada, las estimaciones de Bukele «son puras mentiras» pues los hallazgos de Pacific Rim, luego de cuantificar los depósitos iniciales que decía haber descubierto, concluyó que lo cuantificaba en 250 millones de dólares, valor de la indemnización que exigía al Estado salvadoreño por no darle los permisos de explotación, eso sin cuantificar los gastos en que incurriría para extraer los metales.
La empresa tampoco explicó el impacto ambiental que tendría la explotación de una mina a cielo abierto y la contaminación de los mantos acuíferos con los ríos de la zona que bajan hacia los afluentes del centro del país, incluido el río Lempa, el más caudaloso que abastece de agua potable a gran parte de la capital salvadoreña.
El Ejecutivo de Bukele ha celebrado la aprobación de la ley el lunes por la Asamblea Legislativa –controlada por el partido gobernante Nuevas Ideas- al defender que la actividad minera transformará El Salvador y creará “miles de empleos de calidad”.
Fuerzas en contra
Antes de que el legislativo salvadoreño eliminara la prohibición de la minería, las organizaciones sociales y ambientalistas, sobre todo de la zona de San Isidro y Santa Marta en Cabañas, se reagruparon para revivir una lucha que les unificó por más de una década hasta 2017.
El activista y vicepresidente de la Cooperativa Santa Marta Peter Natarén califica de “compleja” la situación, pero no descarta que la resistencia persistirá en las comunidades afectadas.
También el pleno de la Iglesia católica salvadoreña, a través de la Conferencia Episcopal, se opuso y esta semana ha pedido al gobierno dar marcha atrás con la medida y que “reconsideren” el paso dado ante los impactos que tendría en la vida de la población.
«Pedimos a las autoridades que reconsideren su decisión y deroguen esta nueva Ley de la Minería, la cual producirá muchas víctimas (por la eventual contaminación)», dijo la jerarquía católica en un comunicado.
Así también universidades y organizaciones no gubernamentales han encendido las alarmas justo en medio de las vacaciones navideñas, que otros ven como una estrategia del gobierno de aprobarla justo antes de salir de vacaciones, para que el tema estuviera olvidado al volver a labores la primera semana de enero.
Los detalles no explicados
El abogado Luis Parada detalló a la VOA que tanto en los litigios en CIADI, como en las campañas de cabildeo que hacen las compañías mineras con los gobiernos, poco o nada se habla de los impactos ambientales. En la actualidad en El Salvador también se evaden respuestas a muchas preguntas.
Reitera que la extracción de miles de toneladas de roca de profundidades demandaría de millones de galones de agua, más los químicos utilizados como el cianuro y otros materiales tóxicos que pueden durar por décadas en la tierra y convertir los afluentes “en ríos muertos, rojos” por la toxicidad.
Ese fue uno de los puntos que en los siete años de litigio en CIADI, la empresa demandante no pudo demostrar que no contaminaría afluentes con sus pilas de desechos.
Así que “no crean que es como lo pinta Bukele en Cabañas y Chalatenango que el oro está ahí y que se puede bajar como con ascensores a unas grandes bóvedas donde están los lingotes de oro”, es mucho más complicado y con “carísimos” impactos, vaticinó.
La demanda de Pacific Rim concluyó en octubre de 2016, luego de siete años de litigio y de activar un movimiento robusto contra la minería metálica en El Salador, el que se ha reactivado desde noviembre cuando el presidente Nayib Bukele anunció que se debía abolir la prohibición contra la minería, al calificar de “absurdo” que El Salvador tuviera vetada la extracción de oro y dar luz verde a la nueva ley.
La otra demanda interpuesta por la estadounidense Commerce Group también la ganó El Salvador en la etapa inicial en 2009, al no prosperar los alegatos de la empresa que buscaba una concesión en el oriental departamento de Morazán.
Parada se mudó temporalmente a El Salvador a inicios de este año para participar sin éxito en la contienda presidencial en la que Nayib Bukele logró su reelección, pese al impedimento constitucional que prohíbe la reelección presidencial.
Información y fotografía Tomás Guevara / Voz de América
