La minería metálica en El Salvador es, para unos, la oportunidad de oro para que el país centroamericano impulse su economía. Para otros es la firma de una sentencia.
Aunque en 2017 la nación salvadoreña se convirtió en pionera en el mundo en prohibir por ley la exploración y explotación de cualquier metal, hoy vuelve a cobrar protagonismo debido a que el presidente Nayib Bukele, quien comenzó su segundo mandato en junio pasado, ha expresado interés en derogar esta legislación y permitir nuevamente las operaciones mineras.
Mostrando un mapa del Anillo de Fuego del Pacífico, una zona rica en recursos minerales por su actividad volcánica donde está ubicado El Salvador, Bukele aseguró que el país centroamericano tiene “los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo”, y que, ante eso, la prohibición total de la minería se vuelve un “absurdo”.
Pero eso no es lo que piensa un grupo de comunidades cercanas a los proyectos de explotación en el norte salvadoreño, que ven de primera mano la herencia que dejó la minería metálica por décadas.
Vidalina Morales es una mujer campesina, férrea defensora social que se opone al regreso de las empresas mineras al El Salvador: “Lo que nos espera es una muerte lenta, pero segura”, expresó como vocera en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, una red de ambientalistas, religiosos y centros de investigación salvadoreños.
A su voz se suma la del académico Omar Serrano, vicerrector social de la Universidad Centroamericana UCA, quien cree que, de volver, la minería va a ser más perjudicial que beneficiosa.
“Va a beneficiar por supuesto a los que beneficia siempre, a un selecto grupo, pero deja destrucción después”, argumentó en la misma mesa.
En 2015, dos años antes de que se prohibiera la minería en su totalidad, el 77 % de los salvadoreños estaba de acuerdo con esa prohibición, según un sondeo de opinión realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana (UCA).
Una vez aprobada la ley en 2017, el tema quedó casi cerrado, salvo por algunas consecuencias que quedaron de ese pasado minero.
Hace más de 50 años, varias empresas participaron en la extracción de oro de una mina en el cerro San Sebastián, en La Unión, al norte de El Salvador, dejando un río enfermo por el que corre un coctel de químicos como mercurio, cobre, arsénico, cianuro, plomo, entre otros, según un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, una entidad pública.
Con la ley que prohibió la minería metálica se obligó a la entidad pública medioambiental a subsanar los efectos que dejó esa extracción, pero el ejemplo sigue aún vigente en el cuerpo de agua, todavía de color cobre.
Una vez comenzó la guerra civil en El Salvador (1972-1992), la industria minera colapsó. Aunque luego hubo varios intentos por continuar la extracción de oro y plata, luego de la firma de la paz en 1992, las comunidades aledañas a los campos de explotación se enfrentaron a ellos con éxito.
Esta oposición es apoyada por la Iglesia Católica que entonces y ahora se opone a la explotación minera. Este apoyo es vital en una sociedad sumamente religiosa y donde las autoridades eclesiásticas poseen una gran influencia.
El máximo jerarca católico en El Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, le pidió al presidente Bukele el pasado 1 de diciembre, no derogar la ley contra la minería porque considera que “va a dañar el país para siempre”.
La petición insiste en que la minería metálica causa mayor perjuicio cuando es subterránea, porque —explicó— son grandes inyecciones de veneno, de cianuro, que dura cientos de años y “eso va a significar contaminar todos los mantos acuíferos…”.
Quienes se oponen al regreso de la minería temen que el Río Lempa, uno de los más largos de Centroamérica y considerado el «padre» de El Salvador – en cuya cuenca viven alrededor de 3,8 millones de personas-, se contamine por completo.
Según una investigación de la Universidad San Carlos de Guatemala y la Mancomunidad Trinacional Río Lempa, el 71 % de este río presenta muestras de metales pesados, además de agroquímicos usados por las industrias aledañas y los vertidos de aguas negras de comunidades cercanas.
Pero el agua no es el único argumento: la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica agregó que la explotación de oro es una industria extractiva a gran escala, que requiere de grandes espacios territoriales.
La extensión territorial de El Salvador es de 21.000 kilómetros cuadrados, y ya se encuentra altamente poblado, según el último censo de 2024, que reveló que hay 286,6 personas por kilómetro cuadrado.
Además, por su ubicación geográfica, «El Salvador presenta alta sismicidad, lo que pone en peligro la activación de fallas sísmicas».
“Lo vamos a hacer bien”
Aunque Bukele no niega que la minería metálica impacte de alguna forma en el medioambiente del país, sí cree que este será diferente al que dejaron las empresas que extrajeron oro en el pasado.
“Si queremos desarrollo, tenemos que partir montañas”, dijo el 1 de diciembre durante la inauguración de una obra en el oriente del país. “No hay nada con cero costo ambiental”, agregó.
Según el mandatario, las extracciones futuras se harán “con la tecnología de ahora”, y con “costos medioambientales bajos”.
A la par de esa explotación, el mandatario planea la instalación de plantas potabilizadoras de agua, que reviertan una posible contaminación de las cuencas.
“¿Confían en nosotros en esto? Si lo hacemos mal, pues nos castigan en las elecciones. Lo vamos a hacer bien y vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a mejorar el medio ambiente”, agregó.
Citando estudios, Bukele dijo a finales de noviembre que se han identificado 50 millones de onzas de oro, en solo el 4 % del área potencial a explotar, lo que equivale a 131.565 millones de dólares.
Un hallazgo que se traduce en “riqueza” para el país, y con lo que se pueden crear “miles de empleos de calidad, financiar infraestructura, impulsar el desarrollo de economías locales y todo con minería moderna y sostenible”.
La decisión de derogar la ley contra la prohibición minera está en manos del Congreso, controlado en un 90 % por el partido gobernante de Bukele. Aún no se ha establecido una fecha para la discusión parlamentaria.
Información Karla Arévalo / Voz de América / Fotografía Mesa Frente a la Minería Metálica en El Salvador
