Bomberos, voluntarios y miembros de la comunidad visiblemente emocionados agradecieron la lluvia del pasado fin semana en Bolivia, mientras continuaban las labores para sofocar el fuego que ha devastado partes de la Amazonía boliviana. Aunque varios tramos del incendio fueron aplacados, la situación aún no está bajo control.
El 12 de agosto, por ejemplo, aviones de la Fuerza Área Boliviana completaron un bombardeo de nubes con yoduro de plata para provocar lluvias y así ayudar a aplacar los incendios forestales que estaban afectando el oriente del país. De acuerdo con las autoridades en esta zona el aire está altamente contaminado.
Y es que al menos desde julio varias regiones del país arden sin tregua por los incendios forestales que a la fecha han arrasado unas 4 millones de hectáreas, aunque ambientalistas consideran que el daño es mucho mayor y las consecuencias serán irreversibles.
“Esto no es un problema boliviano, es un problema global; la Amazonía boliviana, brasileña y parte del norte argentino, se dice que es el pulmón del mundo. Bueno, el pulmón del mundo se quemó literalmente. Este desastre ecológico va a traer consecuencias globales, sin ninguna duda”, dijo a la Voz de América Enrique Bruno, comandante del Grupo de Bomberos Fundasol del departamento de Santa Cruz.
El gobierno del presidente Luis Arce decretó el 7 de septiembre una “emergencia nacional” para canalizar de manera más efectiva la ayuda internacional. Luego, el gabinete de ministros se trasladó a esa región para coordinar acciones en el terreno.
Arce ha defendido su gestión desde que se desató el incendio. En un reciente mensaje a los bolivianos, dijo: «Este es un tiempo de trabajo y de acciones, no es el tiempo de politizar la lucha contra los incendios».
En el mismo mensaje expresó que los incendios no deben ser usados con fines electorales, argumentando que la convocatoria de marchas y bloqueos contra su gestión atentaría «contra la economía y la vida del pueblo boliviano».
Arce respondió así a las críticas de legisladores, organizaciones ambientalistas, sectores privados e incluso del propio expresidente Evo Morales, antiguo aliado que lo ha acusado de no “extremar los esfuerzos” para aplacar los incendios.
Crisis ambiental «recurrente»
Líderes políticos advierten que la actual crisis ambiental es responsabilidad no solo de Arce, sino que se trata de un problema que alguna vez estuvo también en la cancha de Morales.
«Esto es recurrente y cada año lo agarra al gobierno en calzoncillos [sin planes] y luego declaran desastre y emergencia para buscar cooperación internacional ante la pavorosa destrucción ambiental», manifestó el sábado pasado a la prensa Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia.
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Quiroga, que lideró los destinos de Bolivia entre 2001 y 2002, calificó a Arce y a Morales de «ecocidas» y de sostener posturas que catalogó de «cínicas».
«Estos dos señores, que ahora, en su pelea por la sigla del MAS [Movimiento al Socialismo] dejan al país agobiado, sin diésel ni gasolina, sin dólares y ahora sin bosques”, manifestó Quiroga en días recientes.
Un estudio reciente alertó acerca de que alrededor de 34 pueblos y 45 territorios indígenas fueron afectados por los incendios. Líderes de las comunidades consideran que esto acelerará la extinción de los pueblos indígenas.
¿En qué consisten las llamadas “leyes incendiarias”?
Desde 2013, durante el gobierno de Evo Morales, entraron en vigor normativas para la expansión de la frontera agrícola, que desde la visión del MAS, el partido gobernante, ayudaría a “garantizar la soberanía alimentaria”. Sin embargo, los ambientalistas advirtieron que provocaría una proliferación de incendios forestales.
Estas disposiciones, catalogadas por los detractores como “leyes incendiarias”, han sido rechazadas por los ambientalistas, quienes explican que, por ejemplo, la Ley 337 promovió la regularización de tierras forestales emitiendo aprobaciones para los desmontes que se hicieron hasta 2011 y no estaban autorizados.
La Ley 502, por otro lado, amplió la deforestación en las regiones, pues según sus datos, entre 2015 y 2023 se desmontaron 460.000 hectáreas de bosque y de esas y solo 40.800 fueron para cultivos de alimentos. La Ley 741 autorizó a pequeños y medianos propietarios al desmonte de hasta 20 hectáreas para actividades agrícolas y pecuarias que también fue aprovechada para el tráfico de tierras.
La Ley 1171, por su lado, otorga un perdón en el pago de multas por quema sin autorización.
A este paquete de leyes se suma el Decreto Supremo 3973, que autoriza el desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni y establece la multa más baja en Latinoamérica por deforestar, equivalente a 20 centavos de dólar por hectárea afectada.
En entrevista con la VOA, la activista y líder del movimiento Ríos de Pie, Jhanisse Vaca Daza, afirmó que en Bolivia en este momento está en curso un “ecocidio”.
“El gobierno tiene una responsabilidad directa no solo por omisión sino por acción e intencionalidad”, explicó. “Desde que se aprobaron estas leyes no solo expandían la cantidad de hectáreas sino que establecían perdones con multas mínimas, pero también incentivaban la quema como una forma de limpieza de la tierra durante la época del chaqueo», en alusión a una práctica ancestral en Bolivia para preparar el terreno para la siembra o la crianza de ganado.
Además, aunque los incendios en grandes cantidades tienen larga data, 2024 ha sido «el peor año» desde que se comenzaron a reportar estos incidentes. A su vez, la activista consideró que la capacidad del gobierno y los planes de prevención «no han evolucionado» desde entonces.
Ante la presión, la Cámara de Senadores aprobó la semana pasada la abrogación de las leyes 1171 y 337, que ahora se deberá tratar en Cámara de Diputados. De no presentarse observaciones, el Ejecutivo las dejará sin efecto.
El ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, en una entrevista con radio El Deber, dijo que la abrogación o derogación de estas normativas es una “atribución del Legislativo”. Además enfatizó en los esfuerzos que está haciendo el gobierno para atender la problemática, como la emisión del decreto de “pausa ambiental” que prohíbe toda actividad de quema.
Por su parte, Morales ha justificado la aprobación de las “leyes incendiarias” durante su gobierno, argumentando que “estaban destinadas a apoyar a los pequeños productores”. Sin embargo admitió que ahora “se pueden revisar las normas”.
Algunos legisladores avivan el debate al considerar que la abrogación de estas leyes afectará también al sector ganadero del país.
Hay al menos una docena de leyes y decretos que favorecen las quemas en territorios bolivianos, por eso organizaciones defensoras de la naturales, activistas y sociedad civil están liderando acciones para que puedan ser abrogadas.
Más de 130 organizaciones respaldaron el pasado lunes una carta abierta sobre la emergencia climática causada por los incendios forestales, dirigida a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Precariedad y ayuda
Imágenes desgarradoras circularon en las redes sociales en los últimos días, mostrando la devastación de Bolivia por el fuego. Comunidades enteras evacuadas, animales calcinados, niños sin poder respirar, cielos cubiertos de humo y trabajo sin descanso de bomberos, voluntarios y residentes.
Si bien desde la declaratoria de emergencia nacional se activó una mayor ayuda para atender los incendios y coordinar especialmente la llegada de brigadistas de otros países, los activistas y grupos de bomberos coinciden en que fue una actuación tardía.
El gobierno nacional aseguró que no escatima los recursos y que está recibiendo toda la ayuda internacional solicitada. Pero los bomberos advierten que no tienen las condiciones óptimas para sofocar el fuego, socorrer a las familias y rescatar animales.
“Nosotros seguimos apagando el fuego como hace 40 años, nuestra tecnología es un bate fuego, una rama, mochilas de agua y ni siquiera ropa adecuada, yo me siento muy mal hablar de esto, pero es necesario equipos más modernos”, dijo a la VOA el experimentado comandante de Bomberos Enrique Bruno.
Varias campañas solidarias se han activado y la ayuda está llegando a diferentes regiones donde continúan las acciones de sofocación de incendios. Los Bomberos Voluntarios Quebracho de Santa Cruz, uno de los grupos más activos y que desde hace meses trabaja incansablemente, ahora está movilizado para comprar una camioneta que les permita llegar a los lugares más alejados de las áreas protegidas.
Si bien la lluvia contribuyó en las tareas de lucha contra los incendios, los bomberos recalcan que aún queda mucho trabajo por hacer pues hay varios focos de calor activos y familias afectadas que necesitan mucha colaboración.
La calidad del aire, que en las últimas semanas se había reportado entre regular y extremadamente mala en las ciudades, comenzó a mejorar. Pero aún se recomienda el uso de tapabocas y evitar las actividades al aire libre.
Información y fotografía Fabiola Chambi / Voz de América
