La Fiscalía nicaragüense amplío la acusación en contra de la precandidata a la presidencia Cristiana Chamorro, a quien se le abrió una investigación por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos.
La Fiscalía le sumó a Chamorro otros delitos, como apropiación y retención indebida, por medio de la Fundación Violeta Barrios que dirigía antes de su cierre a inicios de año, tras la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros.
De igual forma, las autoridades notificaron que se acusó a nueve personas más, entre ellas a Walter Gómez y Marco Fletes, ambos extrabajadores de la Fundación Chamorro, quienes permanecen detenidos desde hace más de 80 días bajo el argumento de la investigación.
La Fiscalía también acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida y gestión abusiva; de igual forma, su hermano Pedro Joaquín Chamorro fue acusado de gestión abusiva y apropiación indebida.
Carlos Fernando Chamorro actualmente se encuentra exiliado en Costa Rica a raíz de la ola de detenciones que inició el gobierno del presidente Daniel Ortega desde hace dos meses; mientras que Pedro Joaquín Chamorro fue apresado el pasado 26 de junio, acusado por el supuesto delito de “traición a la patria”.
Al igual que a Carlos Fernando Chamorro, también se acusó a Emma Marina López y Pedro Vázquez, extrabajadores de la organización por ser “cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero”.
También fueron acusados a Ana Elisa Martínez, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga por los supuestos delitos de “apropiación y retención indebida”. Todos ellos trabajadores de la Fundación Chamorro.
Ampliación de investigación se da en un momento clave
Según el Ministerio Público, las autoridades judiciales admitieron la ampliación de la acusación y ordenaron la prisión preventiva para las personas investigadas y que siguen en libertad.
La noticia llega a tan solo una semana de que se cumpla el lapso de 90 días bajo el cual fueron detenidos los primeros trabajadores de la Fundación Chamorro.
Los expertos señalan que, al finalizar ese plazo, las autoridades tenían que acusar formalmente a las personas involucradas o ponerlas en libertad en caso de que no se encontraran las pruebas suficientes.
La ampliación de la investigación se da a tan solo tres meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua, señaladas desde hace tiempo por la comunidad internacional de varias anomalías.
Al momento permanecen detenidas una treintena de personas a quienes se les investiga en su mayoría por violar la Ley 1055, conocida como “Ley de Soberanía”.
Información y foto Houston Castillo Vado / Voz de América
