Con información de Fernando Castellanos.
El presidente de la República, Bernardo Arévalo, criticó públicamente al Ministerio Público (MP) tras la decisión de ligar a proceso al pandillero Harol Salguero, alias “Liro Rebelde”, únicamente por portación ilegal de arma de fuego y promoción y estímulo a la drogadicción, pese a su presunta vinculación con los recientes ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario señaló que el MP no actuó con la severidad esperada frente a hechos que calificó como actos terroristas.
“Hoy, en lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público optó por protegerlos”, expresó Arévalo.
El presidente aseguró que la fiscalía solicitó únicamente que el sindicado fuera procesado por delitos menores, dejando de lado los crímenes graves que permitirían juzgarlo bajo la nueva Ley Antipandillas, recientemente aprobada.
Para Arévalo, esta actuación representa “un insulto a los policías asesinados, a sus familias y al pueblo de Guatemala”.
Respuesta del Ministerio Público
Ante los señalamientos, el Ministerio Público emitió un pronunciamiento en el que defendió su actuación durante la audiencia. Según la fiscalía, fue el propio MP quien presentó ante el juez diversos indicios recabados en la investigación preliminar, entre ellos videos y audios en los que se presume que el sindicado habría coordinado otros hechos delictivos junto a más individuos.
El MP subrayó que el proceso penal se encuentra en una fase inicial y aclaró que la resolución judicial obtenida hasta el momento no exonera ni declara la inocencia de Harol Salguero respecto a otros delitos que continúan bajo investigación.
“El resultado obtenido hoy no implica una conclusión definitiva sobre la responsabilidad penal del sindicado en otros hechos delictivos”, puntualizó la institución.
La decisión judicial y el cruce de declaraciones han intensificado el debate público sobre la respuesta del sistema de justicia frente a la ola de violencia contra la PNC, en un contexto marcado por la exigencia ciudadana de acciones más firmes contra las estructuras criminales.
