Pedro González ha conducido su automóvil por cuatro horas desde Guatemala hasta El Salvador. Tiene 47 años y los ojos puestos en la zona costera de su vecino país, que recientemente ha reelegido a Nayib Bukele como presidente.
“En Guatemala se oyen cosas buenas de Bukele y de la seguridad que tiene ahora El Salvador. Vengo a ver qué se puede hacer aquí para el futuro”, dice parado en la entrada de la Playa San Diego en La Libertad.
El mensaje del cambio en la seguridad pública de El Salvador ha traspasado fronteras: las pandillas que llevaban décadas ejerciendo control en los barrios mediante el homicidio y la extorsión fueron desarticuladas en el gobierno de Bukele. El resultado: un boom turístico.
“Vine porque me van a mostrar unos lotes de playa. No hay muchos ya. Pero a ver si nos convencen. Quiero invertir en El Salvador”, dijo González a la Voz de América.
Tiene un presupuesto de 25.000 dólares con el que busca comprar una propiedad en cualquier playa de La Libertad, un departamento que ha sido mencionado a menudo por el gobierno porque recientemente fue inaugurada una carretera que lleva al circuito de playas que el gobierno bautizó como Surf City, y también porque se estrenó un parque de atracciones en la zona.
“El Salvador está bonito. No solo tiene buenas carreteras, también tiene bien desarrollada el área turística. Y ahora con la seguridad es mucho mejor”, señaló González, destacando cómo el gobierno salvadoreño logró bajar su índice de homicidios a 2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023.
Hace ocho años, El Salvador registraba una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese fue el año más violento en su historia reciente.
El aumento en la seguridad que ha traído la “guerra contra las pandillas” —como publicita Bukele su controvertido plan de seguridad— ha hecho crecer no solo el turismo, que aumentó 36 % entre 2022 y 2023, sino también los precios de los bienes inmuebles. Sobre todo en áreas donde hay extranjeros de vacaciones o buscando hacer negocios. Pero mientras inversionistas extranjeros aprovechan la oportunidad, los precios están fuera del alcance de la mayoría de los salvadoreños.
“Me está costando encontrar terrenos. Ya vine varias veces, y los que entran en mi presupuesto no me convencen. Y los que sí me gustan valen un ojo de la cara”, dijo González, quien labora como ingeniero agrónomo en una empresa exportadora de frutas en Guatemala.
De El Salvador hay un importante antes y después a partir de marzo de 2022, cuando la Mara Salvatrucha, una organización considerada terrorista en El Salvador y cuyo alcance se extiende a Honduras, México y Estados Unidos, llevó a cabo su última matanza, en la que fueron asesinados 87 salvadoreños en un fin de semana.
Bukele, quien para entonces aseguraba tener el control de los territorios por medio de su Plan Control Territorial, respondió a la ola homicida solicitando al Congreso un régimen de excepción con el que golpeó a las pandillas hasta desarticularlas. La Policía y el Ejército entraron a cada barrio salvadoreño y capturaron sin límites legales a todo el que fuera sospechoso de ser pandillero o colaborador de pandillero. El régimen de excepción ya ha sido prorrogado 24 veces y cumple dos años de vigencia.
La Playa San Diego renació luego de esa medida. Antes del régimen de excepción era controlada por la peligrosa Mara Salvatrucha.
Los turistas dejaron de llegar a la playa al escuchar rumores de desapariciones o, en el menor de los males, asaltos.
“Antes estaba feo aquí. Los turistas eran asaltados porque los mismos que llevaban turistas a los restaurantes después avisaban a los mareros. O si llegaba alguien contrario (a la pandilla) o que vivía en territorio contrario, lo desaparecían”, explicó Gustavo Méndez, quien vive cerca de la playa San Diego y trabaja con agencias de bienes raíces.
“Ya no hay pandillas y aquí está bonito. Aproveche que los lotes se van a poner más caros”, le explicó Méndez a González mientras le mostraba uno de los terrenos, unos kilómetros lejos de la línea de playa.
González dice que quiere un terreno cerca de la primera o segunda fila de playa. Pero los pocos que hay superan los 250.000 dólares.
“Antes del régimen conseguía los ranchos de la orilla del mar en 30.000. Hubo un señor que lo vendió en 10.000 dólares porque había mucho marero y la playa estaba muerta. No había turistas. Hoy no. Hoy con suerte encuentra en 200.000 dólares”, dijo un joven mesero que trabaja en uno de los hoteles de la playa.
San Diego poco a poco se ha ido recuperando con la inversión de salvadoreños que viven afuera o extranjeros, mientras cerca se levantan proyectos inmobiliarios ambiciosos. Frente a playa El Amatal, a unos cinco minutos en vehículo desde San Diego, el grupo empresarial Inversalex promueve un proyecto inmobiliario de 5 millones de dólares, para salvadoreños o extranjeros que deseen invertir en el “nuevo El Salvador”.
Según dio a conocer Milena Mayorga, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Inversalex, una empresa de origen estadounidense, planea construir un complejo habitacional de 40 manzanas de terreno en la zona costera.
Los agentes inmobiliarios, que ya trabajan en vender los espacios con un valor de hasta 50.000 dólares, hablan de un acelerado impulso en la zona costera, desde La Libertad hasta el departamento de La Paz, donde se ubica el aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero.
El encarecimiento de la vivienda no solo se ve en el área turística. Lo mismo ocurre con urbanizaciones en el municipio de Colón, La Libertad, donde hace unos años las casas tenían un precio aproximado de 10.000 dólares y ahora han subido a 35.000. En San Salvador, la capital, algunas viviendas en zonas concurridas rondan los 200.000 dólares, inaccesible para un salvadoreño cuyo salario mínimo ronda los 360 dólares mensuales.
El Salvador para los extranjeros
Pero a pesar de la etiqueta de país seguro que tiene ahora El Salvador, los números en el plano económico no le favorecen aún.
Con una elevada deuda pública y con la inversión extranjera más baja de la región centroamericana, el gobierno salvadoreño se enfrenta al problema de los altos precios de bienes inmuebles.
Bukele lo reconoció en un espacio organizado en la red social X el pasado 3 de enero, en el que una usuaria le expresó la inquietud a la que se enfrentan varios salvadoreños que no han podido comprar terrenos o viviendas porque los precios son inaccesibles.
“Estamos viviendo un fenómeno en El Salvador en el que antes nadie daba un peso por él, en el que una vivienda en una comunidad de casa destroyer (casa usada por pandillas) se podía comprar en 3.000 dólares. Claro, vivir ahí era imposible porque al día siguiente amanecías muerto. Ahora que El Salvador está totalmente pacificado, estas viviendas comenzaron a subir de precio”, reconoció Bukele.
El gobierno no ha divulgado estadísticas de cuantos salvadoreños o extranjeros planean comprar viviendas o terrenos en El Salvador.
El Salvador se enfrenta a una especie de burbuja inmobiliaria, según Bukele, donde los precios suben a medida que hay demanda. Pero dejó claro que su gobierno no tiene planeado hacer un control de precios.
“Si nosotros comenzamos a controlar los precios de lo que hay, y decimos ‘las casas no se pueden vender a más de tanto’, la gente que la compra es feliz porque la casa que iba a comprar en 100.000 dólares la compró en 40.000 dólares por el control de precios. (…) Pero los que construyen casas no van a volver a hacer una casa en el país porque van a decir que en ese país cualquier día el presidente se levanta y quiere regalar las casas”, dijo el mandatario.
Su propuesta para resolver el encarecimiento de los bienes inmuebles en el país centroameriano es que se aumente la oferta. Es decir, construir más o que haya más ofertas de terrenos o viviendas para que la demanda se nivele y los precios mejoren.
Bukele agregó que en El Salvador ya hay una “migración a la inversa”, con el retorno de los salvadoreños en el exterior que quieren comprar sus viviendas o invertir en el país.
El economista salvadoreño Rafael Lemus dijo que la gente «halla oportunidad de vender a precios altos y sacar buenos ingresos» pero después no encuentran «un lugar barato ni un lugar donde generar ingreso».
“No hay que perder de vista que el acceso a la vivienda es un derecho. El acceso a espacios de recreación y a lugares de esparcimiento también es un derecho. (…) El gobierno tiene una obligación de impedir que la vivienda se utilice como medio especulatorio para incrementar el lucro y no para permitir el desarrollo de otros derechos”, dijo a la VOA, Carlos Palomo, miembro de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos (Tracoda).
Información y fotografía Karla Arévalo / Voz de América
