Cuando Nayib Bukele buscaba la presidencia de El Salvador en 2018, llegó hasta la Universidad de El Salvador, la única universidad pública del país, a prometerle a los estudiantes hacer del centro de estudios el mejor de Centroamérica, aumentar su presupuesto y construir nuevas sedes.
Pero seis años después, la universidad salvadoreña enfrenta una severa crisis financiera. Desde 2022 ha recibido a cuentagotas el presupuesto que el Congreso le asigna para su operación, que ronda los 130 millones de dólares anuales. Esto ha llevado a la universidad a operar con una política de ahorro tal que algunos proyectos de investigación y programas académicos, como el de auxiliares de cátedra, se encuentran suspendidos, según empleados del centro de altos estudios. Tampoco hay suficiente mobiliario para recibir a los alumnos de varias facultades, dijeron.
La Universidad de El Salvador es la universidad pública más antigua del país, fundada el 16 de febrero de 1841. La Constitución salvadoreña establece que la institución goza de autonomía en torno a lo administrativo y económico y cada año debe recibir fondos del presupuesto del Estado para su funcionamiento.
La deuda del gobierno salvadoreño con la universidad asciende a 52 millones de dólares: 16 millones en 2022, 27 millones en 2023 y el resto en 2024.
Rafael Paz Narváez, director de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la universidad, dijo que el escenario en el que se halla la misma “es catastrófico”, y señaló al gobierno de Bukele de querer «estrangularla financieramente”.
«El hecho de que la universidad de El Salvador no tenga el presupuesto completo está afectando, en primer lugar, la formación profesional», así como «la producción de conocimiento nuevo» y «la necesaria proyección social», dijo a la Voz de América.
Para el académico no hay modo en que compaginen los nuevos programas lanzados por el presidente salvadoreño para atraer profesionales extranjeros a El Salvador mientras el único centro público de estudios superiores, del que dependen alrededor de 60.000 estudiantes, se encuentra en crisis.
«El tema de investigación está paralizado, solo funcionan los proyectos derivados de convenios con instituciones, pero la universidad está pendiendo de un hilo en cuanto al funcionamiento», dijo a la Voz de América el exdecano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, José Vicente Cuchillas.
La crisis universitaria amenaza también con paralizar al menos 1.200 becas remuneradas para estudiantes en condiciones de pobreza. Además de poner en peligro los servicios básicos como energía eléctrica y agua. Según la universidad, la deuda con los proveedores supera los 20 millones de dólares.
Para 2024, la universidad operará con siete millones de dólares menos de los aprobados en 2023.
Marisela Ramírez, quien egresó de la maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz hace tres años, dijo a la VOA que la razón por la que aún no se ha graduado es por el entorpecimiento administrativo en el que se halla la universidad debido a su situación financiera.
«La universidad lleva cerrada más de cuatro años. (…) Estamos exigiendo que podamos abrir la universidad y mejorar el proceso administrativo que al final amarra a miles de estudiantes a alargar su proceso académico(…) y hacer avanzar todos los procesos de graduación que la universidad tiene pendientes», dijo.
Las aulas se mantienen cerradas desde 2020, primero por la pandemia del COVID-19 y luego porque el gobierno utilizó la sede para alojar a los deportistas que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esta vez, el gobierno ha pedido a la universidad usar tres edificios para albergar a la prensa local e internacional entre mayo y junio, fecha en la que coincide la toma de posesión de Bukele, quien se reelegió recientemente.
Para Samuel López, estudiante, antes de esta crisis financiera los estudiantes luchaban por lograr un cupo para entrar a la universidad. Hoy el peligro es que la universidad cierre por falta de fondos dejando a miles de estudiantes en el limbo.
«En lo que llevo yo estudiando nunca había visto algo similar a lo que está sucediendo hoy con la universidad. [Bukele] hizo 15 promesas que están enlistadas y no vimos ninguna de esas realizarse», dijo a la VOA.
En El Salvador, el presupuesto es aprobado por el Congreso salvadoreño y operado por el ministerio de Hacienda.
El titular de Hacienda, Jerson Posada, un funcionario nombrado por Bukele encargado del desembolso de los fondos públicos, no respondió a una solicitud de comentarios de la Voz de América para este reporte.
El 23 de abril, mientras decenas de estudiantes organizaron una caravana para protestar por la crisis, el rector, Juan Rosa Quintanilla, habló con los medios locales sobre una «decisión ministerial» de transferir un millón de dólares cada semana a la universidad para comenzar a saldar la deuda.
«Darle el 100 % (del presupuesto a la universidad) a lo mejor no será posible, pero creemos que un abono parcial puede ser parte de la solución a la problemática que tenemos», explicó el rector.
Quintanilla también habló sobre acercamientos con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a fin de darle solución a la problemática.
El Salvador registra la deuda pública más alta de Centroamérica. Al menos el 76 % de su Producto Interno Bruto se encuentra comprometido.
Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han urgido a El Salvador a desarrollar “un plan fiscal y de financiamiento completo y ambicioso, destinado a reconducir la deuda a una senda sostenible y a facilitar el acceso al mercado internacional de capitales».
Información y fotografía Karla Arévalo / Voz de América
