Por Moisés Cottom |
El Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Procesos de Mayor Riesgo de Quetzaltenango condena a 12 años en prisión a Diego Tay Vicente por participar en el homicidio del ciudadano y activista francés, Benoît Pierre Amedee Maria, de 52 años.
El Ministerio Público (MP), en su cuenta en la red social X (antes Twitter), informó que la Fiscalía de Derechos Humanos presentó pruebas suficientes al Tribunal para la condena.
El asesinato fue, el 10 de agosto de 2020, en un camino de terracería que de la aldea Canamixtoj conduce a San Antonio Ilotenango, El Quiché. «Según la investigación, el ahora condenado planificó dar muerte al conductor de un vehículo que presuntamente era un roba niños», indica la publicación del MP.
¿Quién era el francés?
Maria era director en Guatemala de la oenegé Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF) y tenía más de dos décadas en el país apoyando a comunidades indígenas mayas en proyectos agrícolas.
El MP, que participa como querellante adhesivo (parte acusadora) en el caso, pidió una condena de 50 años para Tay Vicente, mientras que el abogado defensor solicitó la libertad del acusado.
Reacciones por condena
La esposa de Amedee Maria, Anna Isern, originaria de España, dijo que no se siente tan tranquila por el resultado de la audiencia condenatoria, porque a la fecha no se sabe ¿por qué asesinaron a su esposo?, quien apoyaba a las comunidades indígenas.
«Hablaremos y verificaremos si es posible apelar la decisión del juez, mientras tanto fue una sentencia a medias, la ausencia de mi esposo ha sido dura, tanto aquí en Guatemala como en París, Francia, de donde era originario», comentó Isern.
Alberto Xitic, abogado defensor de Diego Tay Vicente, dijo que se sentía satisfecho por el trabajo de representación de su patrocinado, debido a que el MP pedía 50 años de prisión por asesinato, pero el juez lo sentenció a 12.
«Vemos un resultado positivo en la condena, el Tribunal tuvo por acreditado que los hechos planteados en la acusación se probaron», refirió Edgar Pérez, abogado de los querellantes adhesivos.