Las constantes violaciones a los derechos humanos y políticos en Nicaragua que incluye “el secuestro» de los líderes de la oposición y el descaro con que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo reprimen a medios de comunicación, sociedad civil y actores del sector privado, son acciones más que suficientes para una acción contundente de la comunidad internacional.
Esa es la conclusión de Human Rights Watch (HRW) en su informe presentado la mañana de este martes, donde además pide al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) António Guterres, aplicar el Artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas.
«Estamos enfrentados a una situación nueva, algo inaudito en América Latina en los últimos 30 años como es el secuestro de los cinco principales precandidatos presidenciales hoy en día en Nicaragua», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW para justificar la petición de la máxima instancia de la ONU.
El Artículo 99 es una de las facultades políticas que tiene el secretario general en el terreno internacional, al otorgarle a este el poder de “llamar al Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, reza el mencionado artículo.
La crisis de Nicaragua -desde que inició en 2018- a ido al punto de agudización de las últimas semanas, elementos suficientes para que se adopte medidas enérgicas por parte del secretario general de la ONU.
«Estamos hablando de Cristiana Chamorro quien está secuestrada en su hogar y limitada solamente a su dormitorio, hay unos delincuentes armados que están en control del resto de su casa, ella no puede salir de su dormitorio, ha podido apenas hablar unos minutos con su abogada desde hace varias semanas que se encuentra en estas circunstancias», explicó Vivanco antes de ahondar en el resto de potables candidatos presidenciales.
La organización HRW pone en prioridad esta petición al titular del máximo organismos de las naciones para frenar los abusos de Daniel Ortega y Rosario Murillo que copado todos los estamentos del estado nicaragüense y creado un marco jurídico enmarañado que les permite suprimir y reprimir con artilugios legales -hechos a su medida- a cualquier ciudadano que intente disputarles el poder.
“En esencia le estamos pidiendo al Secretario General, António Guterres, que acuda al Consejo de Seguridad de la ONU e informe de la gravedad de lo que está sucediendo en Nicaragua, no solo de los abusos y violaciones flagrantes a los derechos fundamentales y a los derechos electorales, sino también en función de las repercusiones que esto pueda tener para la región desde el punto de vista de los refugiados, que salen de Nicaragua”, dijo Vivanco.
La organización HRW, desde su oficina en Washington DC, también apela a que Estados Unidos amplíe el nivel de sanciones a más personas y familiares de los que están cometiendo esos abusos, pero que se logre un mayor nivel de coordinación con la comunidad europea para que tengan efectividad.
José Miguel Vivanco dijo que ven con optimismo el replanteamiento adoptado por Argentina y México, a razón de la fuerte crítica internacional y dentro de sus propios países al haberse negado a apoyar una declaración mayoritaria de los países del continente americano en el seno de la OEA sobre la situación de Nicaragua.
Ambas naciones adujeron para negar su voto en sesión del Consejo Permanente de hace unos días que respetaban la libre determinación de Nicaragua y se replegaron a la no injerencia en asuntos internos del país centroamericano.
No obstante, luego que las cancillerías argentina y mexicana llamaran a sus embajadores en Managua a consultas en sus propias capitales, deja ver que habría un eventual cambio en la posición, dijo Vivanco, quien reclamó que Argentina ha dejado una mancha en su historial de defensa derechos humanos desde que consolidó su democracia, con ese voto deshonroso en la OEA.
Sobre todo porque el país sudamericano ha sufrido en carne propia abusos de poder dictatorial en el pasado durante los oscuros años de las dictaduras, y las secuelas de aquellos hechos aún la sufren personas en el presente.
Seguimiento de casos emblemáticos
El informe de HRW que inició en marzo de este año da seguimiento pormenorizado a los casos más emblemáticos de líderes de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios y líderes personas de la sociedad civil que están siendo perseguidas por el gobierno de Ortega y Murillo.
El matrimonio presidencial dijo Vivanco “maneja al país como si fuera su finca”, y ha impuesto un férreo control para cerrar cualquier espacio de participación y seguimiento de la prensa independiente de sus actos a través de la represión.
Para esta organización los procesos judiciales contra Cristiana Chamorro, que está detenida en su vivienda, recluida en su habitación e incomunicada con su familia y abogados “es un claro secuestro”, pues su casa -denuncian- ha sido tomada por hampones del gobierno que la tienen encerrada, además de estar procesada por un sistema de justicia controlado por «el régimen».
A ella se suman las detenciones de los otros aspirantes a la presidencia de Nicaragua, entre estos Arturo Cruz, que hasta donde se tiene información están retenidos en la prisión de El Chipote, considerado como un tenebroso sitio donde se aplican torturas.
En ese mismo reclusorio estarían incomunicados Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y el periodista Miguel Mora, capturado la noche del domingo; todos según denuncia HRW están privados del derecho a una defensa propia, pues el sistema les impide defenderse con sus abogados particulares dentro del amañado sistema judicial.
“Ademas de los precandidatos presidenciales que están detenidos y sometidos, hay un grupo de al menos, de 10 miembros de la sociedad civil nicaragüense entre activistas, opositores políticos, intelectuales, miembros del sector privado, personas vinculadas a la actividad de medios de comunicación, que también están detenidos sin acceso libre a defensa”, acusó la organización desde Washington.
Todo la virulencia del gobierno de Ortega dicen, al que han pedido información, -pero no han recibido respuesta- para contrastar el informe, está encaminada en asegurar que el mandatario se mantenga en el poder de manera indefinida después de las elecciones previstas para el 7 de noviembre.
Un evento electoral que está lejos de tener transparencia, competencia justa y menos credibilidad en Nicaragua y menos en la comunidad internacional, por lo que es un llamado rápido a la acción, consigna el informe.
“En estas circunstancias no hay las más mínimas condiciones para que se realicen elecciones libres, justas, competitivas, transparentes, que tengan la credibilidad y el respaldo no solo nacional sino también de la comunidad internacional”, puntualizó Vivanco.
Con información de Tomás Guevara / Voz de América
