La polémica entre el recién nombrado presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, se reavivó esta semana después que la fiscal no asistió a una reunión convocada por el mandatario y reiteró que no renunciará.
“El Ministerio Público no está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente, garantizando con ello, la no intervención en el ejercicio de sus funciones”.
Consuelo Porras / Fiscal General y Jefa del Ministerio Público
Esta fue la respuesta de la Fiscal General, Consuelo Porras, ante la invitación extendida por el presidente de Guatemala para una reunión que finalmente no se dio. Porras aseguró que asistir para conversar sobre investigaciones en curso sería una falta a la normativa constitucional y legal.
“No voy a renunciar”, dijo la mujer de 70 años en un video hecho público por la fiscalía la mañana del miércoles en el que incluso amenazó con tomar acciones judiciales contra aquellos que intenten removerla del cargo. “Usted como máxima autoridad de la nación debe respetar lo que establece la carta magna y las leyes del país”, interpeló directamente a Arévalo.
Arévalo le solicitó la renuncia a Porras a pedido de autoridades indígenas que durante más de tres meses protestaron frente a la fiscalía y bloquearon carreteras en el país por su intento de desconocer los resultados electorales y las acciones judiciales contra el proceso electoral que pusieron en riesgo la gobernabilidad del país.
“Sería absurdo pensar que el principio de separación de poderes impide que un funcionario público venga y explique lo que está haciendo al jefe de gobierno”, replicó el mandatario.
Porras ha sido sancionada dos veces por el gobierno estadounidense que la considera responsable obstruir la lucha contra la corrupción y socavar la democracia en el país centroamericano.
Arévalo le solicitó información sobre el avance de procesos penales a cargo de la fiscalía tras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron al Estado guatemalteco y los criterios de políticas de persecución penal respecto de la libertad de expresión y prensa por haber acusado a periodistas.
También le pidió informes sobre investigaciones penales por la compra de vacunas contra el COVID-19, el presunto pago de sobornos a funcionarios del pasado gobierno, así como su protocolo de acción al momento de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue medidas cautelares a posibles víctimas.
En su discurso Porras exhortó al presidente a respetar la constitución, la leyes y las resoluciones de las Cortes que negaron recursos legales para facilitar su remoción. “Toda acción en contrario puede ser ilegítima”, dijo.
La Secretaría de Comunicación de la presidencia indicó que el mandatario no tenía previsto una conferencia de prensa para hablar del tema.
Arévalo tiene varias opciones para buscar la salida de Porras de su cargo, entre ellas una reforma a la ley del Ministerio Público. Aunque el partido del presidente no es mayoría cuenta con una alianza de más de 100 diputados de 160 Congreso para reformar esa norma.
Información Eugenia Sagastume / Voz de América
