Líderes opositores de Nicaragua iniciaron esta semana su mayor ofensiva diplomática en Estados Unidos para solicitar más sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega.

Ortega ha respondido con un desfile de la Policía en las calles de Managua.

Por primera vez, dirigentes de la Alianza Cívica (AC) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) viajan juntos como delegación a Washington. Durante la visita anunciaron el proyecto de una «Gran Coalición Azul y Blanco” que podría competir con Ortega en las próximas elecciones en Nicaragua.

Los opositores se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para abordar temas como la restitución de derechos ciudadanos, la situación de más de 130 opositores que siguen en prisión y su demanda de aplicar más sanciones al gobierno.

Además sostuvieron un encuentro con el embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, así como con miembros del Congreso estadounidense.

La visita y reuniones en Estados Unidos se producen a casi un año y medio del estallido de las protestas de abril de 2018, que dieron paso a la peor crisis política del país en las últimas décadas.

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que 328 personas murieron, más de 2.000 resultaron heridas y unas 700 detenidas duranter la «represión estatal” de la revuelta social.

Muchos de los opositores y hasta periodistas han debido escapar de Nicaragua para preservar la libertad.

Los opositores que viajaron a Washington rechazan un eventual acuerdo de la OEA con Ortega para un eventual plan de reformas electorales sin previas garantías de libertad y seguridad para los opositores.

«Si no han liberado a los presos, si los exiliados no han retornado, si no hay libertad, ¿a qué elecciones vamos a asistir? Si en comicios anteriores hubo asesinatos, ahora con cientos de paramilitares y fanáticos armados en las calles, estaríamos participando en un remedo de elecciones”, dijo a medios la activista de derechos humanos, Haydeé Castillo.

Más sanciones para Ortega

Como parte de la delegación que viajó a Washington, el politólogo Félix Maradiaga, explicó que contactaron a congresistas, senadores, representantes del gobierno, de iglesias y organismos de derechos humanos, a quienes pidieron apoyo para los más de 55.000 nicaragüenses refugiados en Costa Rica y «mayor presión internacional a través de sanciones individuales para los principales operadores del régimen”.

Tanto EE.UU. como Canadá han aplicado sanciones a una docena de funcionarios, entre ellos la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, y el máximo jefe de la Policía, Francisco Díaz, a quienes vincularon con actos de corrupción y violación de derechos humanos.

«Hemos solicitado que Estados Unidos siga aplicando la ley Magnitsky Nica Act e imponga más sanciones individuales a los responsables de un régimen que no ha dejado de secuestrar y asesinar campesinos en las montañas”, expresó Haydeé Castillo.

También en Washington, la pasada semana tres conocidos periodistas nicaragüenses comparecieron ante la CIDH, para acusar a Ortega de mantener una «campaña sistemática contra la libertad de expresión” y de no acatar la protección cautelar en beneficio de comunicadores amenazados.

«La indefensión en la que se encuentran los medios de comunicación nicaragüenses obedece al sometimiento que, desde hace una década, el gobierno de Daniel Ortega impuso sobre los poderes Legislativo, Judicial y Electoral», dijo Carlos Fernando Chamorro, director de tres medios independientes y exiliado él mismo en Costa Rica.

Ortega muestra su fuerza policial

Mientras los opositores de Ortega pedían apoyo en Washington, el gobieno de Nicaragua organizó un acto en Managua por el 40 aniversario de fundación de la Policía.

Ortega aprovechó para criticar a los opositores, empresarios y obispos católicos, a quienes responsabilizó por el «fallido golpe de Estado” de 2018.

También acusó a la embajada de Estados Unidos y a los organismos de derechos humanos de la OEA y de la ONU de «alentar por debajo” las protestas sociales. «Se juntaron ahí todos los demonios”, dijo Ortega.

La vicepresidenta Murillo se refirió a las «personas que salen del país a hacer campañas a favor del terrorismo” y calificó la rebelión social el año pasado como «una explosión satánica”.

En el desfile de la Policía participaron centenares de efectivos de las fuerzas especiales.

«No permitiremos otro intento de golpe de Estado”, ha indicado el jefe policial, Francisco Díaz.

Con información de La Voz de América