En Guatemala se quintuplicaron en 2018 los asesinatos de personas por defender su territorio y el medio ambiente, según un informe de Global Witness.

Los asesinatos pasaron de tres en 2017, y a 16 en 2018 lo que, considerando los asesinatos per cápita, convierte a la nación centroamericana en el país más peligroso del mundo en 2018.

«Durante el 2018, en Guatemala se registró el aumento más fuerte de asesinatos, los cuales básicamente se quintuplicaron, convirtiéndolo en el país más letal en términos de asesinatos per cápita», indica el informe de la organización, fundada en 1993.

En total, 164 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en el mundo. Otros fueron atacados o encarcelados. Este año el mayor número de asesinatos se registró en Filipinas, donde fueron asesinadas por lo menos 30 personas por este motivo.

En una entrevista con la Voz de América Alice Harrison, Senior Campaigner de Global Witness, indicó que «globalmente, la minería fue la peor industria para este tipo de asesinatos, pero también estamos viendo compañías agrícolas, de carga, hidroeléctricas, que a menudo están detrás de estos asesinatos”, indica.

En la región, detalló Harrison, Colombia es el segundo país que genera alertas por este tema, aunque indica que la tendencia varía, pues los casos parecen estar directamente relacionados con la aplicación de los acuerdos de paz.

“Desde que el grupo de izquierda FARC salió de zonas que anteriormente estaban ocupadas por ellos, hemos visto compañías y bandas criminales que se mudan a esa tierra para explotarla y existe un conflicto personal con las comunidades que viven allí”.

Sin embargo, también resaltó el caso de México, sexto país según el reporte. Recordó un caso de estudio expuesto en el informe, de un hombre indígena que fue el sexto en su familia en ser asesinado después de enfrentarse a una compañía minera que intentaba entrar en su tierra.

Pronostica que la situación “posiblemente empeore” con la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues puso como ejemplo que desde que asumió el cargo, el presupuesto para el Ministerio de Ambiente ha sido recortado en un tercio.

En Colombia fueron asesinadas 24 personas, en Brasil 20 y 16 en Guatemala, según el reporte. En la región también hubo 14 muertos en México, en Honduras 4, tres en Venezuela y dos asesinados en Chile.

“Lo que vemos en América Latina es que los gobiernos están priorizando oportunidades de negocios, intereses de negocios. Viendo industrias como la minería, agricultura, como impulsores de la economía. Poniendo la alfombra para grandes empresas multinacionales o nacionales que quieren desarrollar proyectos, y rutinariamente lo que estamos viendo es que las comunidades que viven en esas tierras no están siendo consultadas (…) y también la corrupción en América Latina continúa siendo un verdadero problema”, expuso Harrison.

Panorama global

El informe «¿Enemigos del Estado?», ofrece detalles acerca de cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas que defienden sus espacios y la naturaleza que les rodea.

Explica que más de tres personas fueron asesinadas cada semana durante 2018, e innumerables más fueron criminalizadas por proteger su espacio físico y la naturaleza circundante.

Más de la mitad de los asesinatos de 2018 ocurrieron en América Latina. Desde que Global Witness comenzó a publicar datos sobre asesinatos en 2012, este ha sido el continente más afectado de manera constante.

El texto indica que las muertes se produjeron mediante ataques motivados por sectores destructivos, como la minería, la industria maderera y la agroindustria.

Además, revela «cómo innumerables personas fueron amenazadas, detenidas o encarceladas por atreverse a enfrentar a gobiernos o empresas, que buscaban obtener ganancias a costa de sus tierras».

La mayoría de las víctimas, -indica el reporte-, han sido personas que han buscado cuidar sus hogares y formas de vida, y de paso, defender el planeta.

«Dicen que somos terroristas, delincuentes, asesinos y que tenemos grupos armados aquí; pero en realidad sólo nos están matando», dijo Joel Raymundo, integrante del movimiento “Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis”, citado en el informe.

“Esto es realmente un fenómeno global (…) Esto no solo está pasando en América Latina o en algunas partes de sur de Asia. Está ocurriendo en todo el mundo, también en democracias bien establecidas como EE.UU.”, agregó Alice Harrison a la VOA.

Cifras conservadoras

El propio informe admite que es probable que las cifras publicadas sean «menores a las reales», debido en parte, a que «muchos asesinatos no son documentados».

«Las historias que se relatan muestran la forma en que la creciente demanda por la tierra, como respuesta a la demanda de los consumidores, está generando violencia letal en todo el mundo», dice el reporte.

“Nuestros descubrimientos son una subestimación significante de la verdadera escala del problema. Es difícil conseguir datos confiables de los asesinatos, y eso es parte porque los defensores de las tierras y ambientalistas usualmente viven bastantes lejos”, explicó Harrison.

La minería y el agua cobran vidas

El peor sector fue el de la minería, que causó 43 muertes, aunque también aumentaron las muertes relacionadas con conflictos por fuentes de agua. Continuaron los ataques motivados por la agroindustria, la industria maderera y los proyectos hidroeléctricos.

«Los grupos de seguridad privados, las fuerzas estatales y los sicarios son sospechosos de llevar a cabo los asesinatos, a veces actuando de forma conjunta», dice el informe.

Expresa además que la violencia letal es tan sólo la más visible de la infinidad de amenazas que enfrentan las personas defensoras.

«En todos los continentes, los gobiernos y las empresas están usando a los tribunales y a los sistemas judiciales de los países como instrumentos de opresión contra quienes representen una amenaza a su poder y a sus intereses», explica el texto.

Algunos de los más críticos ejemplos muestran que algunos gobiernos están clasificando a las personas defensoras como terroristas o enemigas del Estado, como en el caso de los nueve ambientalistas encarcelados en Irán, acusados de espionaje.

«Al criminalizar a las personas defensoras de esta manera, hacen que los ataques en su contra parezcan legítimos, lo cual los acrecienta. Esta tendencia se presenta en todo el mundo, impulsada por políticos populistas que están eliminando todas las salvaguardas ambientales, cuando más las necesitamos», dice Global Witness.

Con información de La Voz de América