Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la orden preventiva en contra del expresidente Rafael Correa, y otros altos cargos de su administración, como el exvicepresidente Jorge Glas.
Según la Fiscalía, Correa es acusado de estar vinculado a un caso, denominado «Sobornos 2012-2016», por presuntos delitos como cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, con el fin de recibir dinero de forma irregular por parte de la constructora brasilera Odebrecht y diferentes empresas.
Wilson Toainga es el fiscal que sigue el caso y quien pidió a los jueces David Jacho, Wilman Terán e Iván Larco, del Tribunal de la Corte Nacional, negar los recursos de apelación que habían interpuesto la defensa del exvicepresidente y las otras personas involucradas en el proceso.
Dentro de su solicitud también se había incluido la petición de medidas cautelares alternativas, como la presentación periódica ante la autoridad.
La Fiscalía General también informó que los abogados insistieron en que se revoque la detención porque no hay cumplimiento de todos los requisitos.
Fausto Jarrín, abogado del expresidente Correa, dijo a CNN que durante su intervención en la audiencia del jueves habló de garantizar la “inmediación” en el proceso penal. Según Jarrín, dice el medio, «la defensa nunca se ha tardado en ningún procedimiento o diligencia en este caso».
Según el Ministerio Público, el próximo 11 de noviembre se realizará la audiencia preparatoria de juicio en contra de veinticuatro personas vinculadas al caso.
Ese día, la jueza Daniella Camacho, quien lleva el caso decidirá además sobre presuntos vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia y prejudicialidad.
El expresidente Correa ha negado cualquier responsabilidad en los delitos que se le acusan y dice que se trata de una persecución política. El pasado martes, se reunió con el presidente electo de Argentina, el peronista Alberto Fernández.
Con información de La Voz de América
