Por Fernando Castellanos |
Este miércoles el pleno del Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto 18-2026, el cual introduce reformas sustanciales a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). La normativa aprobada establece la eliminación completa de este tributo para los inmuebles destinados a vivienda, al tiempo que reestructura los porcentajes aplicables a las propiedades de carácter comercial.
Principales modificaciones a la Ley del IUSI
Las reformas aprobadas por los diputados modifican el esquema tributario sobre la propiedad en el país, marcando una diferenciación clara entre el uso habitacional y el lucrativo:
➡️ Exención para viviendas: Las propiedades habitacionales quedan exentas del pago del IUSI a nivel nacional, medida orientada a aliviar la carga fiscal de los propietarios y familias.
➡️ Tasa para inmuebles comerciales: Para las fincas e inmuebles de uso comercial, industrial o de servicios, se fijó una nueva tasa uniforme del 9 por millar (9\text{ por cada }Q1,000 de valor catastral).
Oposición y debate en el Pleno Legislativo
La aprobación de la ley se dio tras un álgido debate en el hemiciclo, en el cual diversos bloques legislativos expresaron su preocupación por las repercusiones económicas que el cambio causará en la administración pública local.
El principal argumento en contra se centró en la reducción de los ingresos tributarios directos que perciben los gobiernos municipales para la ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos.
Reacción y postura de la ANAM
La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) manifestó de inmediato su firme rechazo a la emisión del Decreto 18-2026, señalando un impacto directo en la autonomía y capacidad financiera de las alcaldías.
➡️ Impacto financiero: La ANAM calificó la medida legislativa como «irresponsable y sin consenso», advirtiendo que la eliminación de esta fuente de ingresos pone en riesgo la estabilidad financiera de al menos 277 municipios del país.
➡️ Propuesta de diálogo: La gremial de alcaldes solicitó formalmente a la Junta Directiva del Congreso la instalación urgente de una mesa de trabajo técnica con el objetivo de discutir alternativas que garanticen un financiamiento sostenible para los gobiernos locales.
