Por la Redacción |
El Registro Nacional de las Personas (RENAP) presentó este 1 de octubre el nuevo Documento Personal de Identificación para Menores de Edad (DPIME), un instrumento oficial diseñado para garantizar la certeza jurídica y el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. El lanzamiento se realizó en el marco de la conmemoración del Día del Niño y contó con la presencia del presidente Bernardo Arévalo y autoridades del Directorio del RENAP.
Se confirmó que el DPIME será completamente gratuito, para garantizar el acceso universal sin que el costo represente una barrera para las familias guatemaltecas.
Diseño adaptado por edad y saldo de una deuda institucional
Durante el acto de presentación, el director ejecutivo del RENAP, Rodolfo Arriaga, destacó que la creación del DPIME representa la concreción de una meta prioritaria de la entidad para cumplir plenamente con su mandato legal de garantizar el registro civil y la identidad de toda la población.
• Estructura diferenciada: El nuevo documento contará con versiones adaptadas a las distintas etapas del desarrollo, categorizadas según los rangos de edad de la niñez y adolescencia.
• Certeza jurídica: Arriaga señaló que la implementación de esta tarjeta de identificación salda una deuda histórica con la infancia, al establecer registros seguros e inalterables desde los primeros años de vida.
• Gratuidad: El trámite y emisión del documento no tendrá ningún costo, reafirmando su carácter de derecho fundamental.
Protección integral y fortalecimiento de la identidad
El presidente Bernardo Arévalo acompañó la oficialización del proyecto, resaltando el valor de dotar a la niñez de un mecanismo de identificación con estándares modernos de seguridad y de forma gratuita.
La puesta en marcha del DPIME tiene como objetivo reforzar los esquemas de protección infantil, agilizar la verificación de datos en la prestación de servicios públicos esenciales —como salud, educación y programas sociales— y prevenir delitos relacionados con el tráfico de personas o la suplantación de identidad, consolidando el compromiso del Estado con el bienestar y el futuro de las nuevas generaciones.
