Por Fredy López |
Con el objetivo de fortalecer las capacidades del sector justicia y erradicar la impunidad en delitos que vulneran los derechos de las comunidades originarias, se desarrolla en Quetzaltenango la segunda reunión de la mesa técnica interinstitucional sobre litigio estratégico en casos del delito de discriminación hacia los pueblos indígenas.
La actividad fue coordinada por Claudia Pac, directora de la delegación de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra) en Quetzaltenango. El encuentro contó con la ponencia de un especialista en la materia procedente de la Ciudad de Guatemala, orientado a capacitar a funcionarios locales.
En esta sesión participaron representantes y agentes fiscales del Ministerio Público (MP), así como delegados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Instituto de la Víctima, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), el Registro Nacional de las Personas (Renap) y la unidad de Pueblos Indígenas del Organismo Judicial.
Enfoque en la ruta probatoria
A diferencia del primer encuentro, donde se analizaron las generalidades y elementos constitutivos del delito de discriminación, esta segunda mesa técnica concentró sus esfuerzos en la fase procesal y la gestión de evidencias.
Los ejes principales de la jornada metodológica incluyeron:
- Sustento de casos: Instruir sobre los medios de prueba idóneos y técnicos que deben aportarse durante los procesos de denuncia por discriminación hacia los pueblos indígenas.
- Eficacia procesal: Fortalecer las carpetas judiciales para evitar que las denuncias sean archivadas o queden «engavetadas» en el sistema.
- Acompañamiento ciudadano: Optimizar la atención institucional con el fin de evitar el desgaste de las y los usuarios, previniendo así que desistan de continuar con la búsqueda de justicia.
Organizadores del evento enfatizaron la importancia de que el personal de las distintas entidades replique estos conocimientos y herramientas de concientización dentro de sus espacios laborales cotidianos, asegurando una aplicación efectiva de la ley en favor de las víctimas.
