Congreso aprueba Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Jun 2, 2026 | Actualidad, Nacionales, Portada | 0 Comentarios

Con información de Fernando Castellanos.


El pleno del Congreso de la República aprobó este martes en redacción final la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

La normativa, registrada como el Decreto 15-2026, recibió el respaldo de 147 diputados tras semanas de debates y sesiones de consenso con autoridades financieras, sin incorporar las enmiendas que promovían las bancadas Vamos, Valor y UNE.



La aprobación de la iniciativa de ley 6593, presentada originalmente por el Organismo Ejecutivo, se agilizó luego de que se modificara el orden del día en la sesión plenaria para priorizar este tema.

El avance de la legislación requirió de mesas de diálogo previas para destrabar los puntos de desacuerdo.


Resultado de la votación: 147 votos a favor, 1 voto en contra y 12 diputados ausentes.


Mediación técnica: El presidente del Congreso, Luis Contreras, coordinó tres reuniones de trabajo entre los jefes de bloque y la Superintendencia de Bancos (SIB) para unificar criterios sobre el texto dictaminado por la Comisión de Economía y Comercio Exterior.


Agenda legislativa: Previo a la votación del decreto, la plenaria conoció la convocatoria para la comisión de postulación que elegirá al próximo Contralor General de Cuentas.

Cumplimiento de estándares internacionales



De acuerdo con los legisladores, la actualización de este marco jurídico tiene como objetivo principal alinear la legislación del país con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Con esta medida se busca evitar que Guatemala sea catalogada como una jurisdicción no cooperativa en materia de delitos financieros.


Evaluación oficial: El examen formal del GAFI hacia el país está programado para febrero de 2027.


Fase preparatoria: Autoridades de la SIB confirmaron que delegados del organismo internacional realizarán una visita técnica al país durante el último trimestre de 2026 para revisar los alcances de la nueva normativa.

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