De 2021 data el más reciente sondeo ciudadano presencial de la encuestadora costarricense Cid Gallup en Nicaragua, que coincidió con los comicios en los que el presidente Daniel Ortega se impuso como ganador en las elecciones generales, luego de haber arrestado a todos los aspirantes presidenciales.
La encuestadora, que mide el pulso ciudadano en la región, había suspendido los sondeos presenciales durante la pandemia pero en 2021 consideró que era momento de retornar.
En Nicaragua el panorama fue complejo. De acuerdo con Luis Haug, director de CID Gallup, los investigadores y equipos eran continuamente asediados por miembros de la Policía Nacional afín al presidente Ortega o de afiliados al oficialista Partido Frente Sandinista.
«Una vez que llegábamos a uno u otro segmento eran inmediatamente rodeados para cuestionar sobre qué estudio estábamos haciendo, que por qué estábamos llevando a cabo uno u otro trabajo, y cuestionándonos para ver el cuestionario a evaluar», dijo Haug a la Voz de América
«Querían saber sobre el informante que estábamos buscando, quién estaba patrocinando el estudio, el por qué queríamos hacerlo en uno u otro lugar en específico, si estábamos escogiendo de forma aleatoria o querían saber específicamente qué estaba diciendo tal o cual persona», explicó en referencia a las preguntas de las autoridades a los encuestadores en el terreno.
Pero no solo Cid Gallup ha enfrentado adversidades en sus propósitos de evaluar la opinión pública en Nicaragua. En 2022, la organización encargada de realizar el Latinobarómetro, uno de los estudios de opinión pública más grandes en la región, anunció que no realizarían las mediciones correspondientes al país centroamericano por carecer de las condiciones de seguridad necesarias para sus colaboradores.
La organización dijo que por primera vez en 28 años no podrían aplicar el estudio en un país ( Nicaragua) debido al riesgo que implica para los encuestadores. Además subrayó que no había encontrado inconveniente para aplicar el estudio ni en Venezuela ni en El Salvador.
El gobierno de Ortega no se ha pronunciado a favor ni en contra de las encuestas independientes.
¿Qué impacto tiene?
Las encuestas «son como un termómetro que nos deja conocer cuál es la percepción, el sentir, de cada uno de los ciudadanos de los países», dijo a la VOA Zulema Ruiz Tijerino, de la encuestadora Cid Gallup, en referencia al impacto de la suspensión de sondeos presenciales en Nicaragua desde el 2021.
La politóloga nicaragüense Elvira Cuadras, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), dijo que las trabas a las que son sometidas las encuestadoras es un intento de las autoridades que «buscan maquillar una realidad» y a la vez pone en evidencia el «cierre de los espacios» en el país centroamericano.
«El contexto cerrado que presenta Nicaragua se ha convertido en una dificultad para las encuestadoras porque implica poner en riesgo tanto a sus equipos de trabajo como a las personas entrevistadas», dijo Cuadras.
El gobierno de Ortega suele publicar encuestas favorables a su gestión.
En 2023, por ejemplo, la encuestadora nicaragüense M&R Consultores, divulgó la aprobación de gestión de los gobernantes en América Latina. Según M&R Consultores, el presidente Daniel Ortega tenía un 83,4 % de aprobación en su gestión, sólo superado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Ante las dificultades de algunas encuestadoras para trabajar en el terreno, agencias como Cid Gallup han optado a medir el pulso en Nicaragua por la vía telefónica, entendiendo el valor de este tipo de herramienta para medir estados de opinión.
«(El encuestado) sabe a ciencia cierta qué está viviendo en su hogar, qué le está gustando, qué se le está dificultando. Por lo tanto, se ha visto que las encuestas son una foto de la realidad del momento», concluyó Haug.
Información y fotografía Houston Castillo Vado / Voz de América
