Desde que Bernardo Arévalo llegó a la presidencia de Guatemala ha buscado, en concordancia con las obligaciones de su cargo, destituir a la fiscal general de ese país Consuelo Porras, a quien señala de liderar una supuesta red de corrupción enquistada en el Estado guatemalteco.
Para lograrlo ha llevado a cabo varias acciones desde que asumió la presidencia, entre ellas, solicitarle a Porras informes sobre su accionar al frente de la institución que investiga el delito, y recientemente ha pretendido cambiar la ley para poder destituirla sin mayor impedimento.
Actualmente, la legislación de Guatemala establece que Arévalo de León puede destituir a Porras siempre y cuando haya sido condenada por algún delito, y la condena esté en firme, es decir sin trámites pendientes. Otra de las vías es que el Congreso le dé la llave a Arévalo para que, a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía, pueda destituir a la fiscal.
Porras, quien ha sido acusada de corrupción por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá pelea por la autonomía de la Fiscalía y niega encubrir casos de corrupción o estar detrás de la persecución a decenas de fiscales, jueces y periodistas que hoy se encuentran en el exilio.
«Sobrevive una minoría necia, atrincherada en instituciones cooptadas que abusan del poder para chantajear, extorsionar y castigar a los que se sumaron al esfuerzo de transformación. Esto es posible debido a la permanencia de Consuelo Porras en el Ministerio Público», dijo Arévalo el 5 de mayo, luego de llevar hasta el Congreso de ese país una propuesta con la que espera obtener el poder para destituir a Porras.
Pero conseguir los 107 votos que establece la ley guatemalteca para aprobar esa reforma parece lejos de conseguirse: desde que Arévalo presentó la propuesta, el Congreso unicameral no ha reunido el quórum suficiente para votarlo. La inasistencia de los diputados ha impedido, incluso, que la iniciativa sea discutida en una comisión de trabajo.
Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad de ese país ha frenado las intenciones de Arévalo dándole un amparo provisional a la jefa de la Fiscalía, y además, le ordenó al presidente que «se abstenga de todo acto que, fuera de todo el marco constitucional y legal, atente contra el mandato de Porras».
Porras tildó de «acciones espurias, maliciosas y antidemocráticas» las emprendidas por Arévalo, y dijo recientemente que esos intentos solo denotan «un enorme desconocimiento de la ley». Llamó al mandatario a atender las necesidades que aquejan a la sociedad guatemalteca, entre estas salud y seguridad.
¿Cómo se inició el conflicto?
El conflicto que protagonizan ambos funcionarios se remonta a la época en la que Arévalo era candidato presidencial, en 2023.
Para muchos fue una sorpresa que el Movimiento Semilla, partido político con el que Arévalo compitió por la presidencia de Guatemala, terminara ganando las elecciones.
Arévalo no figuraba ni siquiera entre los primeros cinco candidatos con mayor preferencia de voto. Sin embargo, gran parte de los guatemaltecos aprobó su proyecto político que principalmente estuvo enfocado en erradicar la corrupción.
Desde que se conocieron los resultados que le daban la ventaja a Arévalo, Porras presentó dos peticiones para que se le retirara la inmunidad como candidato, y procesarlo así por los delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales y sedición.
Además, la Fiscalía acusó a su partido, el Movimiento Semilla, de haberse constituido con supuestas firmas falsas hace cuatro años, un caso que llevó a la cancelación de la personería jurídica.
Ya como presidente, Arévalo ha buscado destituir a la funcionaria acusándola de “incumplimiento de deberes” y pidiendo que le sea retirada la inmunidad para ser investigada penalmente. Como no ha prosperado su primer intento, hoy busca que el Congreso lo apoye en la destitución.
Samuel Pérez Álvarez, quien fue presidente de Semilla y ahora es diputado independiente tras la cancelación de la personería jurídica del partido, dijo a medios locales que los diputados deben “hacer una reflexión de si están de acuerdo o no con una iniciativa que favorece al pueblo de Guatemala o si se van a posicionar del lado golpista”.
El partido oficialista, Movimiento Semilla, tiene 23 de 160 diputados. Sin embargo, han llegado a sumar hasta 92 con grupos políticos aliados.
Antes de Porras, la fiscal general Thelma Aldana, quien se encuentra en el exilio, promovió eliminar el poder que el presidente tenía sobre el fiscal general del Ministerio Público. Es en esa disposición que descansa la coraza que tiene ahora el cargo de Porras.
“Vemos que la ley está bien amarrada, la hicieron para Thelma Aldana. Ahora tenemos que hacer una reforma pensando en la nueva fiscal y dejar de creer en un futuro que puede llegar una persona correcta al Ministerio Público. (…) Las coyunturas políticas son complicadas. A veces podemos hacer reformas legales necesarias y a veces no se puede», dijo la abogada y excandidata a fiscal general Ilse Álvarez, en una entrevista al medio local Emisoras Unidas.
Porras ha estado al frente del Ministerio Público desde 2018, y su mandato fue extendido hasta 2026 por el anterior presidente Alejandro Giammattei.
Arévalo no descartó en abril de este año utilizar el mecanismo de consulta pública para destituir a la fiscal, en caso de que ninguna de las anteriores maniobras progrese.
Las consultas populares en Guatemala son coordinadas por el Tribunal Supremo Electoral, y la última que se llevó a cabo fue en 2018, cuando Guatemala tuvo una disputa territorial con Belice.
Información Karla Arévalo / Voz de América
