El cierre de algunos consulados de Nicaragua en Estados Unidos está impactando a personas como Lester Alexander Obando Zuniga, un nicaragüense que supo recientemente que cerró la representación diplomática situada en la ciudad de Los Ángeles en California, la más cercana a su casa.
No es el único. En los últimos dos meses el gobierno de Nicaragua ha cerrado cinco consulados, tres de estos en Estados Unidos, donde reside la mayor diáspora del país centroamericano.
Además del consulado de Los Ángeles, el 19 de enero cerró sus puertas la sede consular de Houston, Texas.
«Ahora imagínate, si necesito algo debería viajar hasta otro lugar más lejos», dijo Obando después de conocer que ya no puede disponer de servicios consulados en Los Ángeles.
El pasado 20 de enero también concluyó su operación el consulado de Nicaragua en Nueva Orleans, Luisiana y los consulados de Tapachula en México y la sede consular en Guatemala.
El gobierno de Daniel Ortega no ha explicado las razones que llevó a la medida y no respondió a varias solicitudes de comentarios de la Voz de América para este reporte.
Observadores consultados por la VOA dijeron que los cierres perjudican directamente a la diáspora nicaragüense y es posible que busquen silenciar voces críticas en esos lugares.
Apertura de nuevos consulados
Por otro lado, Nicaragua anunció ha la apertura de embajadas en países lejanos y con escasa presencia de nicaragüenses, entre ellos uno en El Cairo, Egipto, donde opera una embajada desde 2024.
También fue inaugurado otro consulado en Zimbabue, un país africano ubicado a cerca de 13.000 kilómetros de Managua.
«Todo esto es parte de una nueva estrategia de la dictadura», dijo a la VOA el ex embajador de Managua en la OEA, Arturo McFields, quien considera se opone al gobierno de Ortega y dice que Nicaragua busca distanciarse de países «con los que tradicionalmente hemos tenido vínculos económicos, culturales, sociales, de amistad, por países que no tienen que ver nada con los valores y principios del pueblo nicaragüense».
El académico nicaragüense y politólogo Félix Maradiaga subraya por su parte que la política exterior de Daniel Ortega «ha evidenciado una preocupante preferencia por el aislamiento diplomático y la afinidad con regímenes autoritarios, un curso de acción que perjudica profundamente a la diáspora nicaragüense».
«El cierre de consulados en ciudades clave alrededor del mundo, contrastando con la apertura de embajadas en países con cuestionables registros de derechos humanos, simboliza un intercambio desafortunado de puentes de cooperación por muros de separación», indicó Maradiga.
«Esta estrategia, lejos de ser una simple maniobra política, afecta directamente a las comunidades nicaragüenses en el exterior, privándolas de servicios consulares esenciales y minando la capacidad del Estado de Nicaragua para proteger a sus ciudadanos, promover su cultura, y facilitar el intercambio comercial», agrega.
¿Qué función tienen los consulados?
La Ley Consular de Nicaragua señala que estos tienen como principal objetivo promover y fomentar el comercio entre Nicaragua y las demás naciones, y prestar la protección que el Estado debe dispensar en territorio extranjero a las personas e intereses de sus nacionales.
De modo que recurrir a un documento como un pasaporte, y otro interés de un nicaragüense, podría complicarse cada vez más. En Estados Unidos, por ejemplo, solo funcionan ahora los consulados de Nueva York, Washington y Miami.
La nicaragüense Fátima Talavera tiene más de seis meses a la espera que el consulado en Miami le emita un pasaporte que requiere para hacer diligencias personales, y ahora le preocupa que pueda cerrar también, dijo a la Voz de América.
Arturo McFields dice que el cierre de estos consulados «busca un mayor control» en la emisión de pasaportes. Organismos de derechos humanos sostienen que el gobierno de Ortega utiliza los pasaportes como un mecanismo de control en casos como los periodistas y opositores.
De acuerdo con MCFields, se trata de una «nueva estrategia» para impulsar relaciones con países de África y Asia, y «distanciarse de países» con los que tradicionalmente tuvieron vínculos económicos, culturales, sociales, de amistad.
Eduardo Ulibarri, un académico, diplomático y consultor costarricense especializado en análisis sociopolítico, dijo que que podría ser una nueva forma de «penalizar, a distancia, a quienes, por razones políticas, económicas o familiares, han tenido que abandonar el país».
Información y fotografía Houston Castillo Vado / Voz de América
