Cientos de manifestantes ya se concentraban la mañana del miércoles frente al Parlamento argentino y otros puntos en Buenos Aires, atendiendo a la convocatoria de centrales sindicales para protestar contra las reformas económicas planteadas por el presidente Javier Milei, quien asumió el cargo hace poco más de un mes.
La huelga de 12 horas, que ya afectaba algunos de los principales servicios del país, como el transporte, los bancos, los hospitales y oficinas públicas, está prevista que tenga su mayor concurrencia por la tarde, según su principal organizador, la Confederación General del Trabajo (CGT).
Milei, un economista de perfil ultraliberal, logró la presidencia de Argentina prometiendo cambios audaces en el manejo económico del país, agobiado por una constante crisis económica que ha sumido a casi la mitad de su población en pobreza.
En una entrevista a un medio local esta semana, Milei arremetió contra los organizadores del paro y dijo que eran parte de un sector que “se quiere quedar en el atraso, el pasado y la decadencia” y se opone a un modelo que “nos pone en el camino de ser desarrollados”.
Las protestas apuntan contra un decreto presidencial, conocido como «Ley ómnibus», que contempla la derogación o modificación de más de 300 normas para desregular la economía argentina, fuertemente intervenida por el Estado, y que habilita profundos cambios en materia laboral. Con este plan, el gobierno de Milei busca reducir el gasto público y disminuir el déficit fiscal, al que responsabiliza mayormente de la inflación del 211 % anual.
El capítulo laboral del plan de Milei quedó suspendido por un tribunal a instancias de las demandas iniciadas por la CGT y otras centrales sindicales y terminaría siendo analizado por la Corte Suprema. El proyecto de ley ya fue presentado al Congreso argentino, que este jueves lo revisará, pero que encara un futuro incierto por la clara desventaja numérica que tiene el Gobierno en ambas cámaras.
La semana pasada y tras conocerse de la convocatoria a la huelga general, el gobierno argentino anunció que descontará el día no trabajado a los empleados estatales que se adhieran al paro y la CGT y otras centrales sindicales y organizaciones sociales izquierdistas sostuvieron que con esta medida se pretendía amedrentar a los trabajadores y “criminalizar” la protesta social.
Los sindicatos convocaron a la huelga en rechazo mayormente a los cambios al régimen laboral, que limitan el derecho al paro y afectan su financiación; sin embargo, entre los manifestantes se encontraban también personas no afiliadas a esos gremios.
Con información de Kriscia Recinos / Voz de América
