El derecho a la nacionalidad está reconocido en numerosos convenios internacionales. El artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que «toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad». Mientras que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 20, que «toda persona tiene derecho a una nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra» y «a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla».

Hace algunos días, y atentando contra los derechos humanos reconocidos por dicho estado, el gobierno de Nicaragua despojó de su nacionalidad a 317 personas críticas con su Gobierno, les confiscaron sus bienes; y, fueron “deportados” como usualmente lo han hecho las más sangrientas dictaduras militares en Latinoamérica.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) existen en el mundo cerca de 10 millones de apátridas, muchos de ellos por la falta de reconocimiento de una etnia específica dentro de un territorio o restricciones a la extensión de la ciudadanía a hijos nacidos en el exterior.

En las últimas décadas varios conflictos han generado cientos de miles de apátridas, entre ellos la desintegración de la Unión Soviética; la negativa del Gobierno de Bangladesh a reconocer la ciudadanía a alrededor de 300,000 bihari de lengua urdu al lograr el país la independencia en 1971; o la decisión de las autoridades de Myanmar de privar de su nacionalidad a más de 800,000 rohingya. También Tailandia concentra un elevado número de apátridas, 800,000 según datos de 2021, nacidos en el país y que llevan residiendo en él durante generaciones, en su gran mayoría procedentes de tribus del norte y noreste del país.

Para vergüenza de la región, solo unos pocos gobiernos han condenado de forma directa y abierta la retirada de la nacionalidad, el destierro y la confiscación de bienes a disidentes nicaragüenses. Para más, ha sido España con un gobierno de izquierda, quien ha ofrecido otorgarle la nacionalidad española a todo este grupo de nicaragüenses. Ningún país de América Latina se las está jugando al 100 por ciento por la defensa de los derechos humanos de estas personas.

Organismos internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos han alertado en los últimos años las acciones autoritarias del régimen de Ortega. El presidente Boric de Chile ha sido el único mandatario crítico ante este atropello, la Cancillería ecuatoriana ha condenado la retirada de la nacionalidad y la confiscación de bienes y calificó la medida como una «aberración jurídica» que «va contra los principios que norman la vida de las naciones y los derechos humanos». Otros países han sido ambiguos o demasiado diplomáticos para querer llamar las cosas como son.

El gobierno de Ortega en dos semanas, y con montados procesos judiciales ha decidido que 317 dejen de ser nicaragüenses, entre ellos 222 personas que fueron liberadas de las cárceles, donde purgaban delitos políticos, y embarcadas en un vuelo humanitario rumbo a Washington D.C. Solo un detenido, el obispo Rolando Álvarez, se negó a subir al avión y fue trasladado de inmediato a una prisión regular para cumplir una condena de 26 años de prisión.

Los derechos humanos no tienen ideología, no defiende ideologías. Defiende a las personas como este grupo de nicaragüenses que están sufriendo de los abusos del poder de una dictadura. Los derechos humanos son para todos y nos pertenecen a todos.

La indiferencia y el silencio de quienes tienen el poder para expresarse ante la situación política nicaragüense, los convierte en cómplices de los abusos e injusticias. “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos.” (Martin Luther King)

Hasta la próxima semana.