Las autoridades nicaragüenses restringieron la entrada al país de cámaras fotográficas y de video a los turistas, quienes deberán obtener un permiso de la Cinemateca Nacional, un ente controlado por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
La medida fue anunciada en un comunicado divulgado por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) con fecha del 16 de enero de 2023, en lo que se supone que es una nueva medida del oficialismo para prohibir que se documente la crisis que se vive en la nación centroamericana.
El documento dice además que “está prohibido el ingreso al territorio nacional de binoculares de visión nocturna, por ser de uso privativo del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional”, ambas entidades criticadas por la oposición por reprimir a la disidencia.
José Cardoza, dirigente de una agremiación de periodistas de Nicaragua, dijo a la Voz de América que la medida viene de la mano con una reforma a la Ley Creadora de la Cinemateca (Ley 909), revisada por diputados oficialistas en octubre de 2022, y que busca controlar cualquier tipo de producción audiovisual.
«Creo que el régimen está tratando de proyectar una imagen de prosperidad económica, como lo ha dejado claro recientemente el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, y al no controlar lo que se produce en materia audiovisual en Nicaragua, podría desmentir la narrativa oficial», señaló Cardoza, quien forma parte de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
De momento se desconoce si hay algún costo asociado para obtener el permiso de la cinemateca, pero Cardoza asegura que más allá de un afán recaudatorio, el gobierno tiene «interés de conocer lo que se está produciendo en el país y evitar que surjan producciones audiovisuales que desmientan la línea oficial, como el documental ‘Duele Respirar’», el cual fue realizado por un periodista mexicano que entró como turista a Managua.
La reforma aprobada hace tres meses por la Asamblea Nacional otorga más poder a la Cinemateca Nacional para autorizar o no las producciones audiovisuales en el país.
Con las reformas y adiciones, la Cinemateca quedó con facultades para “prohibir el desarrollo, exhibición y comercialización de los productos audiovisuales, así como el decomiso de estos”, indica la normativa.
Información y fotografía Houston Castillo Vado / Voz de América
