El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó al Congreso que pondrá fin a dos emergencias nacionales para abordar el COVID-19 el 11 de mayo, ya que la mayor parte del mundo se ha acercado más a la normalidad casi tres años después de que se declararan por primera vez.
La medida para poner fin a las declaraciones de emergencia nacional y emergencia de salud pública reestructuraría formalmente la respuesta federal al coronavirus para tratar el virus como una amenaza endémica para la salud pública que puede ser manejada a través de las autoridades normales de las agencias.
Se produce cuando los legisladores ya han puesto fin a elementos de las emergencias que mantuvieron a millones de estadounidenses asegurados durante la pandemia. Combinado con la retirada de la mayor parte del dinero federal de ayuda por el COVID-19, también alejaría el desarrollo de vacunas y tratamientos de la gestión directa del gobierno federal.
El anuncio de Biden se produce en un comunicado en el que se opone a las resoluciones presentadas esta semana por los republicanos de la Cámara para poner fin de inmediato a la emergencia. Los republicanos de la Cámara también se están preparando para iniciar investigaciones sobre la respuesta del gobierno federal al COVID-19.
El entonces presidente Donald Trump declaró por primera vez la pandemia de COVID-19 como una emergencia nacional el 13 de marzo de 2020. Biden ha extendido repetidamente las emergencias desde que asumió el cargo en enero de 2021 y expirarán en los próximos meses. La Casa Blanca dijo que Biden planea extenderlos brevemente hasta el 11 de mayo.
«Un final abrupto de las declaraciones de emergencia crearía un gran caos e incertidumbre en todo el sistema de atención médica, para los estados, hospitales y consultorios médicos y, lo que es más importante, para decenas de millones de estadounidenses», dijo la Oficina de Administración y Presupuesto escribió en una Declaración de política de administración.
El Congreso ya ha mitigado el alcance de la emergencia de salud pública que tuvo el impacto más directo en los estadounidenses, a medida que se intensificaron los llamados políticos para poner fin a la declaración. Los legisladores se han negado durante meses a cumplir con la solicitud de la administración Biden de miles de millones de dólares más para extender las vacunas y pruebas gratuitas de COVID. Y el paquete de gastos de $1.7 billones aprobado el año pasado y promulgado por Biden puso fin a una regla que prohibía a los estados sacar a las personas de Medicaid, una medida que se espera que haga que millones de personas pierdan su cobertura después del 1 de abril.
También se espera que los costos de las vacunas COVID-19 se disparen una vez que el gobierno deje de comprarlas, y Pfizer dice que cobrará hasta 130 dólares por dosis. Solo el 15 % de los estadounidenses han recibido el refuerzo actualizado y recomendado que se ha ofrecido desde el otoño pasado.
Una vez que expire la emergencia, las personas con seguro privado tendrán algunos gastos de bolsillo por vacunas, pruebas y tratamiento, mientras que los no asegurados tendrán que pagar esos gastos en su totalidad.
Información Voz de América / Fotografía Casa Blanca
