El Obispo Auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, exiliado en Estados Unidos, pidió orar por el sufrimiento de los presos políticos, pero también por la “zozobra de una Iglesia perseguida y la humillación de sacerdotes acusados con odio y en modo irregular”.
La petición del religioso que tuvo lugar en la iglesia Santa Agatha, en Miami, surge en el contexto de las detenciones recientes de dos sacerdotes en Nicaragua, los cuales han sido acusados de varios delitos y expuestos en los medios de comunicación afines al presidente Daniel Ortega.
Báez, quien salió de Nicaragua en 2019 en medio de amenazas de muerte en su contra, aseguró que la oración proporciona “mayor conciencia de nuestras responsabilidades”.
“Al orar acogemos en nuestro corazón también el dolor social: el drama de los pobres, el sufrimiento de los presos políticos y de los exiliados, la zozobra de una Iglesia perseguida y la humillación de sacerdotes acusados con odio y en modo irregular”, dijo.
En menos de dos meses la justicia en Nicaragua ha detenido a dos sacerdotes. Las detenciones siguieron a una serie de descalificaciones de parte del presidente Daniel Ortega, que ha acusado al clero de confabularse con grupos de oposición para intentar darle un golpe de Estado.
El 13 de julio fue detenido el sacerdote Leonardo Urbina, quien presidía un templo en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Urbina fue acusado de supuesta violación en perjuicio de una menor.
La audiencia inicial contra el sacerdote que se realizó el jueves 21 de julio, fue divulgada ampliamente en los medios oficiales del gobierno de Ortega, causando críticas de expertos en derechos humanos que cuestionaron la exposición incluso de la presunta víctima.
“Sin referirme a la culpabilidad o no del padre Urbina, debo decir que según la ley, se debería de tratar con discreción (el caso) para no revictimizar a la víctima procesal”, señaló el abogado Yader Morazán, quien trabajó por más de cinco años en casos similares.
Además recordó que según el Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua, se concede el derecho a la intimidad personal y familiar de todo adolescente, y prohíbe publicar y divulgar cualquier dato de investigación o proceso que directa o indirectamente posibilite su identidad.
“Hacerlo es ilegal”, subrayó el experto exiliado en Estados Unidos.
El 1 de junio había sido detenido en Nicaragua el sacerdote Manuel Salvador García. Fue acusado de varios delitos, entre ellos lesiones psicológicas y lesiones en perjuicio de una mujer, quien también fue detenida por rehusarse a declarar que la agresión fue intencional.
Vicepresidenta llama a romper el silencio
La vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo llamó el jueves a denunciar y romper el temor.
«La denuncia es difícil, reconocemos que no siempre se logra, porque hay un arraigo cultural y un temor; pero bueno, cuando se logra es de verdad, no sólo conmovedor, sino que está viendo uno la fuerza del carácter de los nicaragüenses cuando logramos, en temas tan sensibles, tan íntimos como estos, vencer el miedo y gritar nuestras verdades, y exigir castigo para los culpables».
Analistas han dicho que las detenciones recientes, más que un acto de justicia, son «acciones políticas», ya que durante los quince años de su gobierno, jamás se había dado un precedente similar.
“En estas dos situaciones de estos dos sacerdotes, la actuación ha sido extremadamente expedita. Uno tiene que pensar mal y al menos preguntarse qué hay detrás de estas acusaciones”, dijo a la VOA la activista opositora Ana Quiros, integrante de la organización Unidad Nacional Azul y Blanco.
Nicaragua sigue inmersa en una grave crisis de derechos humanos que comenzó tras las protestas de 2018. Ortega ha reiterado que estas protestas buscaban sacarlo del poder a través de un «golpe de Estado».
A los sacerdotes, algunos de los cuales albergaron a manifestantes en los templos, Ortega los ha tildado en discursos públicos de «golpistas» y de «demonios con sotana».
Información y fotografía Voz de América
