Por Fernando Castellanos |
El caso de la migrante guatemalteca, Juana Alonzo, ha resonado alrededor del mundo por la injusticia que atravesó al estar siete años presa sin ser sentenciada.
Ella fue detenida por las autoridades mexicanas, en el año 2014, en Tamaulipas, México, cuando buscaba migrar a Estados Unidos. Fue acusada de secuestro, indica el consultor migratorio, Fernando Castro Molina.
La mujer indígena permaneció 7 años tras las rejas, hasta que su caso tomó trascendencia pública este mes con una declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias matutinas, en la que pidió que se revisara su situación.
Gracias a la divulgación de medios internacionales, mexicanos y guatemaltecos, que dieron a conocer la injusticia y violación de derechos humanos de la migrante, ella salió libre.
Durante este tiempo las autoridades consulares guatemaltecas no brindaron asistencia adecuada a la migrante, al no contar con un traductor, porque ella no hablaba castellano sino chuj, idioma maya oriundo de Huehuetenango, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas no requirieron la anulación del juicio, por ello, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala debe dar un informe pormenorizado de todo el proceso desde la captura de Alonzo, de las acciones realizadas de asistencia y protección a con Nacional, dijo el consultor migratorio.
«Recuerdo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una Ley de Amnistía con la meta de liberar a unas 6 mil personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas, con el fin de despresurizar las cárceles mexicanas», dijo Castro Molina.
En México hay más de 4 mil personas indígenas en prisión preventiva, es decir, sin sentencia, según los datos proporcionados por la Asociación de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal).
Es por ello que debe requerirse a las autoridades consulares guatemaltecas en México, un informe detallado de los guatemaltecos detenidos en prisiones y de cuántos no tienen sentencias fijadas, requiriendo verificación de procesos, para evitar continuar la violación de sus derechos humanos de estar presos sin sentencia condenatoria.
